El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, y el viceportavoz, Mariano Venganzones, durante la reunión de la Junta de Portavoces de este jueves ICAL
Vox vincula el problema de la vivienda con la inmigración y exigirá deportaciones en las Cortes: "Las cuentas no salen"
La formación considera que el desajuste entre la entrada de inmigrantes y el ritmo de construcción de inmuebles está encareciendo los precios.
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Vox vinculó este jueves el problema de la vivienda con la inmigración y exigirá deportaciones en las Cortes de Castilla y León. El partido llevará al pleno de la próxima semana una Proposición No de Ley (PNL) que sitúa la llegada de población extranjera en el centro del debate sobre el acceso a la vivienda y advierte que "las cuentas no salen".
La formación considera que el desajuste entre la entrada de inmigrantes y el ritmo de construcción de inmuebles es uno de los factores que más está encareciendo un hogar para los españoles, y propone tres ejes de actuación: "remigración, prioridad nacional y desregulación".
Tras la Junta de Portavoces de este jueves, el portavoz de Vox en las Cortes, David Hierro, aseguró que la "inmigración es uno de los factores que más está incrementando el precio de la vivienda".
"Si en cinco años han entrado cinco millones de personas y apenas se han construido 400.000 viviendas estamos obviando el elefante en la habitación. Hay una escasez evidente de más de cuatro millones de viviendas pendientes de construcción para absorber únicamente la masa de inmigrantes que está llegando a España", afirmó.
Remigración y deportaciones
La iniciativa insta a la Junta de Castilla y León a que, a su vez, pida al Gobierno de España medidas concretas en esa dirección.
Entre ellas figuran la repatriación "de quienes hayan entrado o permanezcan ilegalmente, la remigración de aquellos extranjeros que no contribuyan de forma efectiva con su trabajo y vivan de ayudas públicas, y la deportación inmediata de quienes cometan delitos graves, conviertan el delito leve en forma de vida o pretendan imponer costumbres incompatibles".
![El Procurador del Común, Tomás Quintana, durante el pleno monográfico de las Cortes del pasado 30 de junio](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11378195.jpg?p=w:320\/h:240&h=UjwNQUx-"])
En paralelo, reclama "prioridad nacional para los españoles a la hora de acceder a vivienda social o protegida y a cualquier ayuda vinculada a la vivienda, de modo que los recursos públicos se asignen preferentemente a quienes mantienen un arraigo real y verificable con el territorio".
Hierro insistió en el desequilibrio numérico también a escala autonómica. "En Castilla y León en el último año se han construido 4.000 viviendas, unas 240 de protección oficial, y han entrado en el último año 21.000 personas del extranjero. Las cuentas no salen", apuntó.
Y aseguró que solicitarán al Ejecutivo central "la remigración, la prioridad nacional y la desregulación". "Creemos que con estas tres variables se podría hacer frente al incremento del precio de la vivienda y, por tanto, al problema de la vivienda", aseguró.
Frenar al capital extranjero
La PNL va más allá de la demanda y del control migratorio. Propone fiscalidad diferenciada para compradores no comunitarios, con el objetivo de frenar la adquisición masiva de vivienda por capital extranjero y destinar la recaudación a bonificaciones para españoles y a vivienda protegida.
También plantea explorar fórmulas para limitar la demanda de no residentes, impulsar reformas legales que faciliten el acceso de españoles a la primera vivienda, y realizar un estudio exhaustivo de tasas e impuestos municipales y autonómicos para suprimir o bonificar los que encarecen el precio final de los inmuebles.
En el capítulo de la oferta, la PNL reclama un incremento sustancial y sostenido de la producción de vivienda nueva mediante ampliación de suelo disponible y agilización de procedimientos, eliminación de trabas regulatorias innecesarias, simplificación administrativa y eliminación de cargas burocráticas.
Ello junto con instrumentos de financiación para promotores y constructores nacionales. Asimismo, pide más viviendas protegidas y sociales en régimen de propiedad o arrendamiento con opción a compra, a través de colaboración público-privada, especialmente dirigidas a jóvenes y familias con menos recursos.
Incentivos fiscales y okupas
En materia de alquiler, se apuesta por un modelo que equilibre la seguridad jurídica y la garantía de cobro para los propietarios con la asequibilidad y estabilidad para los inquilinos, con incentivos fiscales al alquiler de larga duración, a la compra y a la financiación hipotecaria, además de deducciones en el IRPF para jóvenes y una reducción del tipo impositivo por cada nuevo hijo.
Un punto adicional aborda la ocupación ilegal: se insta a modificar la Ley de Bases del Régimen Local para impedir que un okupa o un inmigrante ilegal pueda empadronarse en la vivienda ocupada y beneficiarse de los derechos asociados, y se reclama el desalojo inmediato de okupas "en menos de 24 horas."
El portavoz de Vox contrapuso esta agenda a la acción de la coalición que gobierna en Castilla y León. "Aquí en Castilla y León se está haciendo y se ha demostrado a través del acuerdo de Gobierno y del presupuesto cómo el compromiso de este Gobierno de coalición de PP y Vox con el acceso a la vivienda es férreo y es real", apuntó.
Y recordó que el presupuesto para 2027 "ya recoge la construcción de las 1.000 primeras viviendas de ese Plan de Vivienda que recoge el acuerdo de Gobierno y que al final de la legislatura tendrá que haber acabado 5.000 viviendas en Castilla y León".
"El PSOE parece que ahora sabe mucho de vivienda y de los problemas que ellos mismos han creado", denunció. Con esta PNL, Vox busca trasladar al pleno de las Cortes un debate que, según el partido, "no puede seguir eludiendo el impacto de la inmigración sobre la oferta y la demanda de vivienda".
