El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acompañado por el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán.
Castilla y León buscará repatriar a los 164 menas que tutela mediante acuerdos con sus países de origen
Actualmente, los servicios autonómicos tutelan a 164 menores, frente a las 130 plazas de acogida disponibles.
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El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aseguró este jueves que el Ejecutivo autonómico no se quedará “parado ante la inacción del Gobierno” y reclamó al Ejecutivo de Pedro Sánchez que lidere esta cuestión.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo se refirió al artículo 35.2 de la Ley de Extranjería.
Este apartado permite a las comunidades autónomas establecer acuerdos con los países de origen de los menores extranjeros no acompañados para procurar que su atención e integración social se produzca en su entorno de procedencia.
La normativa señala además que estos acuerdos deben garantizar la protección del interés del menor y establecer mecanismos para que las comunidades puedan hacer un seguimiento de su situación.
164 menores para 130 plazas
Fernández Carriedo explicó que Castilla y León tiene actualmente «superadas» las capacidades de sus centros de acogida. La Comunidad dispone de 130 plazas y tutela a 164 menores.
Ante esta situación, defendió la necesidad de hacer un «esfuerzo» para facilitar la reagrupación familiar y que los menores puedan regresar con sus familias.
El consejero evitó concretar con qué países se mantienen conversaciones o en qué punto se encuentran esas negociaciones. Señaló que no se dará información hasta que se autoricen los posibles traslados.
Tampoco quiso precisar el coste que tendrían estos trámites. Insistió en que la prioridad de la Junta es que los menores puedan estar con sus padres o familiares.
Sobre la posibilidad de consultar la opinión de los propios menores, Fernández Carriedo aseguró que se estudiará cada situación de manera individualizada. “Caso por caso”, señaló, se analizarán los hechos y las circunstancias concretas de cada menor.
Defensa de la inmigración legal
El portavoz de la Junta también quiso diferenciar esta posición de la política de acogida de Castilla y León. Aseguró que la Comunidad sigue siendo una «tierra de acogida» para las personas que llegan para trabajar, integrarse, pagar impuestos y cotizar a la Seguridad Social.
En este sentido, recordó que en agosto la afiliación de trabajadores extranjeros aumentó un 2,1%, hasta alcanzar las 121.517 personas. En términos interanuales, el incremento fue del 19,7%, cinco puntos por encima de la media nacional, situada en el 15,7%.
“Creemos firmemente en la existencia de una emigración legal, ordenada, de personas que vienen a contribuir al futuro de la Comunidad y que vienen a integrarse, desde el punto de vista social y laboral”, afirmó Fernández Carriedo.
