El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
La Junta: “Ceuta es una invasión y un problema de seguridad nacional” y los menores deben volver con sus padres
“La sociedad de Castilla y León habló de forma clara y lanzó un mensaje de solidaridad”, ha señalado Carriedo.
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La Junta de Castilla y León ha reivindicado este jueves la respuesta de los ciudadanos de la Comunidad ante la crisis migratoria de Ceuta y ha vuelto a criticar con dureza la gestión del Gobierno central.
El consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que las concentraciones celebradas este miércoles lanzaron “un mensaje claro” de solidaridad con la ciudad autónoma y de rechazo a la falta de medidas, a su juicio, del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
“La sociedad de Castilla y León habló de forma clara y lanzó un mensaje de solidaridad”, ha señalado Carriedo tras la reunión del Consejo de Gobierno. “Fue ejemplar”, ha afirmado.
El portavoz de la Junta ha valorado especialmente el respaldo mostrado por los castellanos y leoneses a los ciudadanos de Ceuta. “Castilla y León salió a la calle y demostró su apoyo y su solidaridad”, ha insistido.
Carriedo ha criticado la situación de Ceuta y ha reclamado que sea abordada desde la perspectiva de la seguridad nacional.
“El problema de Ceuta es un problema de seguridad nacional. Estamos ante una invasión y así tiene que ser tratado”, ha manifestado.
El portavoz autonómico ha acusado además al Gobierno de España de no ofrecer, a su juicio, suficiente información sobre lo ocurrido. “Ni siquiera nos cuenta la verdad de lo que está pasando”, ha lamentado.
Para la Junta, la prioridad debe situarse en el control de las fronteras y en la respuesta del Estado ante la entrada masiva de personas en territorio español.
“Poco tiene que ver esto con otros asuntos. Nosotros tenemos las ideas muy claras”, ha defendido Carriedo.
Esta posición mantiene la línea expresada por el Ejecutivo autonómico en las últimas semanas, cuando ya advirtió de su rechazo a que un problema que considera de ámbito nacional termine “diluido” mediante el reparto de sus consecuencias entre las comunidades autónomas.
Preguntado por la situación de organizaciones como Cáritas o Cruz Roja y la posibilidad de que la polémica afecte a las aportaciones públicas que reciben, Fernández Carriedo ha asegurado que la Junta mantendrá el mismo criterio para todas las entidades.
“Las ONG que cumplen la ley y la normativa reciben sus aportaciones en términos de igualdad”, ha explicado.
El consejero y portavoz ha mostrado su confianza en que “la mayor parte” de estas organizaciones cumplen con las obligaciones legales exigidas y ha considerado que, en esas condiciones, “no tiene por qué haber ningún problema”.
La Junta insiste
Uno de los principales puntos de fricción entre el Gobierno central y Castilla y León sigue siendo el futuro de los menores migrantes llegados a Ceuta.
La Junta mantiene que la prioridad debe ser la reunificación familiar y que el Ejecutivo central debe actuar para hacerla efectiva.
“Los menores con los que mejor están es con su familia”, ha afirmado Carriedo, quien ha criticado la falta de una posición clara, según su versión, por parte del Gobierno.
“No sabemos muy bien qué quiere hacer. Un día dice una cosa y otro día dice otra”, ha añadido.
Frente a ello, la postura del Gobierno de Castilla y León es, según ha insistido su portavoz, inequívoca: “Nosotros lo tenemos claro: esos menores tienen que estar en su lugar de origen”.
“Con los menores, lo que tiene que hacer el Gobierno es llevarlos con sus padres”, ha resumido Fernández Carriedo.
Recursos generales y expedientes individuales
Fernández Carriedo ha precisado que la Junta mantiene abiertos dos frentes jurídicos en relación con la llegada o posible traslado de menores desde Ceuta.
Por una parte, el Ejecutivo autonómico ha recurrido la normativa de carácter general que afecta al conjunto de Castilla y León.
Por otra, estudia de forma individualizada los expedientes de los menores que puedan ser remitidos a la Comunidad.
La principal objeción del Gobierno autonómico se centra en la documentación y en la tramitación de esos expedientes, ya que “están incompletos y no se ha trabajado acorde con la ley”.
Por ello, Castilla y León reclama que se complete la información de cada caso, incluida la realización de las comprobaciones necesarias sobre la edad de los menores.
La Junta sostiene así que analizará “caso a caso” cualquier expediente que llegue a la Comunidad y que actuará conforme a los procedimientos legales una vez disponga de toda la documentación.
