Inmigrantes llegados en un cayuco a Arrecife, en la isla de Lanzarote, en diciembre de 2024. Europa Press
Castilla y León recibirá más de 740.000 de euros del Gobierno para la acogida de menas
Los consejeros de Vox se ausentan de la sectorial y la ministra Rego cuestiona si es "absentismo laboral" o "pura vagancia"
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La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia aprobó este jueves el reparto de 35 millones de euros entre las comunidades autónomas para financiar la acogida de menores migrantes no acompañados, con especial atención a los territorios que registran una mayor presión migratoria, como Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares. Castilla y León recibirá un total de 740.629 euros, idéntica cantidad que Galicia, en el undécimo lugar de las autonomías más favorecidas por el reparto acordado hoy.
Así lo confirmó la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ante los medios de comunicación tras presidir el encuentro en el cual se aprobó la distribución de estos fondos con los votos favorables de todas las comunidades asistentes, a excepción de Murcia, que se abstuvo.
A esta conferencia sectorial entre Gobierno central y comunidades autónomas acudieron los representantes territoriales de forma presencial y telemática. En concreto, los representantes de Cataluña, La Rioja, Murcia, Canarias, Madrid y Ceuta participaron presencialmente en la reunión. Los consejeros de Vox, de Castilla y León, Aragón y Extremadura, fueron los únicos ausentes. Sobre esta ausencia, Rego se preguntó si responde a "absentismo laboral" o a “pura vagancia y desinterés".
Además, la ministra reconoció que el reparto de los 35 millones de euros aprobado generó polémica en la reunión, pero finalmente salió adelante. Así, acusó al PP de reproducir "la agenda de políticas racistas" y reprochó a varias comunidades gobernadas por los populares que reclamen más financiación mientras rechazan medidas que aumentan los recursos autonómicos, como la quita de deuda o el techo de gasto.
En esta conferencia sectorial también se abordaron otras cuestiones y Rego destacó el avance del Registro Unificado Central de Violencias contra la Infancia, una herramienta que reunirá información procedente de distintos ministerios, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de los servicios sociales autonómicos y locales.
La ministra lo definió como "un instrumento muy potente" que permitirá disponer de una "imagen fiel" de la violencia contra menores y mejorar la capacidad de intervención y prevención de las administraciones. Aunque reconoció la complejidad técnica y la necesidad de coordinación institucional, confió en que pueda ser aprobado por el Consejo de Ministros "en muy poquito tiempo".
También explicó que en la reunión se abordó la atención integral de menores víctimas de violencia sexual y la expansión de las casas Barnahus, centros especializados para dicha atención. Actualmente existen 18 en España, de las que 14 están en Cataluña.
Según Rego, este modelo está demostrando su eficacia porque ofrece un entorno seguro para los menores, evita la revictimización y favorece que afloren casos de violencia que antes podían permanecer ocultos. "Es una buena práctica de política pública que pone en el centro a los niños y a las niñas", afirmó.
La ministra insistió además en que el sistema judicial debe adaptarse a las necesidades de la infancia porque "no podemos aplicar los mismos criterios para una persona adulta cuando hablamos de justicia que para un niño".
