El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, durante su comparecencia en las Cortes de Castilla y León, este martes
Gago promete aprobar en un año la Ley de Concordia y desarrollar la de Víctimas del Terrorismo
El consejero de la Presidencia promete impulsar una transformación "profunda, ambiciosa y sostenida en el tiempo" de la Administración.
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El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, asumió este martes el compromiso de aprobar en este primer año de legislatura una Ley de Concordia, tal y como recoge el pacto de PP y Vox.
El objetivo, dijo, es superar y actualizar el marco normativo actual y garantizar el reconocimiento de "todas" las víctimas de la violencia social, política, o de la persecución ideológica, religiosa o de cualquier índole.
En su comparecencia ante la Comisión de la Presidencia de las Cortes para exponer su programa para esta legislatura, González Gago reafirmó también el "firme" compromiso con las víctimas del terrorismo y con "la defensa de una memoria construida desde la verdad".
"Un pueblo que no recuerda su pasado está condenado a repetirlo", apostilló el consejero, quien destacó que se mantendrá el programa Testimonio en las Aulas y la convocatoria anual de los Premios a trabajos sobre Deslegitimación del Terrorismo.
En los próximos meses, como trasladó ya el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se iniciarán los trámites necesarios para desarrollar reglamentariamente la Ley de Atención a las Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, aprobada en 2017.
Con ello, según explicó el consejero, se pretende consolidar un marco normativo “estable y eficaz” que garantice su plena aplicación en todos los ámbitos institucionales.
![A la izquierda, Carlos Pollán, durante su comparecencia hoy en las Cortes. A la derecha, menores migrantes recién desembarcados de una patera](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11314560.jpg?p=w:320\/h:240&h=x2g5ZoLR"])
También, reiteró la aprobación de un Plan de medidas de apoyo y protección a las víctimas del terrorismo, cuatrienal y de carácter transversal a todas las políticas públicas de las diferentes consejerías, donde se contemplen las acciones "concretas" que se abordarán y desarrollarán en ese periodo.
Ley de Función Pública
La Junta de Castilla y León iniciará de forma "inmediata" la tramitación para aprobar un proyecto de Ley de Función Pública de la Comunidad en el primer año de la legislatura.
A esto se unirán medidas para "racionalizar" el tiempo de trabajo y mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar, así como incentivos para los puestos de trabajo de difícil cobertura, especialmente en las zonas rurales y en las localidades más alejadas.
En su comparecencia ante las Cortes para presentar el programa de actuaciones para esta legislatura, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, prometió impulsar una transformación "profunda, ambiciosa y sostenida en el tiempo" de la Administración.
Una transformación que situará a los ciudadanos y empleados públicos en el "centro" de la acción.
Por ello, explicó a la Comisión de la Presidencia que la nueva Ley de Función Pública, que recoge el pacto de PP y Vox, se adaptará a las últimas modificaciones de la normativa básica estatal y tratará de "ordenar, modernizar y proyectar" hacia el futuro a los empleados públicos.
Además, ofrecerá "seguridad jurídica" y de "mayor flexibilidad" a la gestión de los recursos humanos.
Otra de las políticas que destacó el consejero es la negociación de un nuevo convenio colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración autonómica o la actualización de las relaciones de puestos de trabajo del personal laboral.
También de forma "inmediata" se seguirá negociando con los sindicatos la “reclasificación profesional” del personal laboral aún pendiente.
Igualmente, se desarrollará una Estrategia de Ordenación de los Recursos Humanos, que según González Gago partirá de un análisis "riguroso" de la evolución de la función pública en los últimos años, y que permita anticipar, con una visión a medio y largo plazo, las necesidades "reales" de personal.
Por otra parte, se impulsará de forma "decidida" la evaluación del desempeño profesional y se recuperarán las ayudas de acción social, reforzando el compromiso institucional con nuestros empleados públicos y reconociendo su papel fundamental en la prestación de los servicios.
Además, se favorecerá el intercambio de personal entre los distintos ámbitos de la administración autonómica: general, sanidad y educación.
Transparencia
En materia de transparencia, González Gago apostó por reclamar "inmediatamente" al Gobierno la actualización de la normativa básica estatal, lo que aseguró les permitirá abordar la reforma de la ley de Castilla y León, con el objetivo de que avance en el derecho de acceso a la información pública y su reutilización a través del Portal de Gobierno Abierto.
También avanzó que se traducirá a un "lenguaje fácil" los 20 trámites administrativos más demandados por los ciudadanos, y todos los que se consideran específicos para personas con discapacidad intelectual.
También destacó el impulso del Plan Global de Lenguaje Claro en el ámbito administrativo.
El consejero prometió dar pasos en la evaluación de las políticas públicas con su medición "ex ante" y "ex post", así como la revisión y actualización del Catálogo de Información Pública de la Administración de la Comunidad.
También se comprometió a que la Comisión Territorial de Coordinación, órgano que preside junto a los delegados territoriales de las nueve provincias, se reúna como mínimo trimestralmente.
Código Ético
Por otra parte, el consejero avanzó que en "estos inmediatos meses" se actualizará mediante un acuerdo de la Junta el Código Ético y de Austeridad de los altos cargos, así como la Inspección General de Servicios de la Administración.
También, la Junta propondrá al Gobierno la renovación de la normativa básica de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.
Respecto a los Servicios Jurídicos de la Comunidad, se abordará la adaptación de los recursos materiales y personales con los que cuentan al nuevo reglamento aprobado por Decreto de 30 de diciembre de 2025.
Ello para dotarles de "una mayor funcionalidad y agilidad", mediante la dependencia única, también orgánica, de la Dirección de los Servicios Jurídicos.
Además, en 2027 se convocarán y organizarán por la Junta las elecciones en las 2.208 entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio, como en 2023 y "excepcionalmente" se mantendrá la cita previa como un instrumento "voluntario" que permita ordenar la atención y mejorar la calidad del servicio.
