Comparecencia de Carlos Pollán al inicio de la legislatura
Pollán impondrá la “prioridad nacional” en las ayudas: “Ser tierra de acogida no significa que aquí quepa todo el mundo”
Castilla y León favorecerá la cooperación con los países que faciliten la repatriación de menores migrantes.
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El vicepresidente primero de la Junta, Carlos Pollán, ha situado la “prioridad nacional” como uno de los principales ejes de su Consejería.
Este principio marcará el acceso a las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas de Castilla y León.
Su aplicación, ha precisado, deberá ajustarse a la legislación vigente.
Pollán ha presentado este lunes en las Cortes el programa de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales para la XII Legislatura.
Durante su comparecencia, ha defendido también una política migratoria más restrictiva.
Además, ha anunciado cambios en las ayudas de cooperación internacional.
“Que Castilla y León, igual que el resto de España, sea tierra de acogida no significa que aquí quepa todo el mundo”, ha advertido.
El vicepresidente ha asegurado que el Gobierno de coalición trabajará para “todos los castellanos y leoneses”.
Lo hará, ha añadido, siguiendo el acuerdo programático firmado por PP y Vox.
El pacto incluye 324 medidas. Entre sus conceptos principales figuran la desregulación y la prioridad nacional.
Cooperación ligada al retorno de menores
La Junta reducirá las partidas destinadas a cooperación internacional al mínimo exigido por la ley.
Además, favorecerá, “en la medida de lo posible”, a aquellos países con los que Castilla y León pueda alcanzar acuerdos para el retorno y la repatriación de menores migrantes.
El objetivo será facilitar que estos jóvenes puedan regresar con sus padres o familiares en sus lugares de origen.
Pollán ha defendido que la prioridad nacional debe actuar también como “principio informador” de la política migratoria.
A su juicio, España no tiene ninguna deuda con otros países por haber sido durante décadas una tierra de emigrantes.
“No es cierto que España tenga una deuda contraída con ningún país por haber exportado emigrantes en el pasado”, ha señalado.
“En el improbable caso de que así fuera, hace tiempo habríamos saldado la deuda. Y con creces”, ha añadido.
Rechazo al reparto de migrantes
La Junta se opondrá a los mecanismos de reparto de migrantes impulsados por el Gobierno central.
Esta postura afectará tanto a personas adultas como a menores no acompañados.
Pollán ha asegurado que el Ejecutivo autonómico utilizará “todos los medios legales, políticos y jurídicos” para frenar estas medidas.
La Comunidad tampoco participará en reformas o acuerdos presupuestarios destinados a facilitar su acogida o permanencia.
Además, no se crearán nuevos centros de acogida durante esta legislatura. Tampoco se ampliarán las plazas de los ya existentes.
La Consejería reforzará, al mismo tiempo, la seguridad y los protocolos de intervención en los centros de menores.
Pruebas para determinar la edad
Pollán ha anunciado que la Junta instará a la Fiscalía de Menores a realizar pruebas forenses de determinación de edad.
El vicepresidente sostiene que estas pruebas permitirán evitar fraudes en la condición de menor. También ayudarán a impedir el colapso de los servicios.
Según ha explicado, dar por válida una edad inferior a la real permite permanecer en los centros después de alcanzar la mayoría de edad.
Pollán ha defendido que estos procedimientos funcionan también como una medida de protección para los propios menores.
La Consejería promoverá acuerdos con los países de origen para agilizar los retornos y las repatriaciones.
Lo hará dentro de las limitadas competencias autonómicas en materia de relaciones internacionales.
Fin de las ayudas a determinadas ONG
La Junta eliminará las subvenciones, ayudas y convenios con entidades que, según Pollán, participen en la promoción o sostenimiento de la inmigración irregular.
La medida afectará también a organizaciones que el Gobierno autonómico considere colaboradoras de las redes de tráfico de personas.
“Ni un euro de los castellanos y leoneses saldrá de su bolsillo para fomentar el efecto llamada”, ha defendido.
El vicepresidente ha insistido en que todas estas actuaciones se desarrollarán dentro de la legalidad.
El "monstruo voraz de la hiperregulación"
La desregulación será otro de los grandes pilares de la Consejería.
Pollán ha anunciado la eliminación de la cita previa obligatoria en la Administración autonómica.
También se extenderá el silencio administrativo positivo. De este modo, determinadas solicitudes podrán considerarse aceptadas si no reciben respuesta dentro del plazo.
La Junta impulsará además la declaración responsable y la comunicación previa.
Estas herramientas buscan reducir trámites y acelerar la relación entre los ciudadanos, las empresas y la Administración.
Pollán ha cargado contra el “monstruo voraz de la hiperregulación”.
Ha asegurado que el exceso de normas perjudica a los sectores productivos y complica la vida de los ciudadanos.
Según los datos aportados, las comunidades autónomas generaron el 76,6% de las 500.000 normas aprobadas por las administraciones en los últimos 45 años.
Cambios en las ayudas sociales
La Consejería reformulará los criterios de concesión de las ayudas sociales.
El acceso a subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en la prioridad nacional.
Pollán ha subrayado que este principio deberá respetar siempre el marco legal.
La Junta también vinculará la Renta Garantizada de Ciudadanía al cumplimiento de obligaciones dirigidas a la inserción social y laboral.
Entre ellas figuran la asistencia de los menores a clase, la participación en programas formativos y la aceptación de ofertas de empleo.
El vicepresidente ha contrapuesto este modelo al Ingreso Mínimo Vital del Gobierno central.
Más cuantía para el Bono Nacimiento
En materia de familia, la Junta incrementará de forma progresiva el Bono Nacimiento.
La cuantía dependerá de la renta y del número de hijos.
El importe se abonará de una sola vez. Hasta ahora se dividía en dos pagos.
También se mantendrá el Bono Concilia para las familias con menores de hasta tres años.
La Junta ampliará además el alcance del Bono Infantil. Para ello, elevará los límites de renta.
Seguirán vigentes los programas Conciliamos, Madrugadores y Tardes en el Cole.
Pollán ha defendido la necesidad de reducir el coste de tener hijos y facilitar la conciliación.
Seguridad en los centros de menores
La Consejería reforzará la seguridad en los centros de protección residencial.
Pollán ha citado las amenazas y agresiones sufridas por trabajadores sociales.
Se ha referido de forma concreta al centro Zambrana de Valladolid.
La Junta quiere mejorar el funcionamiento interno de estos recursos. También establecerá criterios comunes de personal.
La plantilla se adaptará a la capacidad y a las características de cada centro.
Además, se reforzará el programa de acogimiento familiar. Habrá más recursos para captar, formar y acompañar a las familias acogedoras.
Jóvenes y adicciones
Pollán ha asegurado que los jóvenes ocuparán un lugar central en las políticas de la Consejería.
La Junta impulsará medidas relacionadas con la formación, el empleo, la vivienda y la retención del talento.
También cambiará la denominación del Comisionado Regional para la Droga.
Pasará a llamarse Comisionado para las Adicciones.
El organismo abordará los nuevos patrones de consumo y las adicciones sin sustancia.
Entre ellas se encuentran el uso problemático de las pantallas y otras conductas que afectan especialmente a los menores.
Pollán ha cerrado su intervención insistiendo en que los recursos públicos deben dirigirse de forma preferente a los castellanos y leoneses.
La prioridad nacional, la reducción de la burocracia y una política migratoria más firme marcarán la hoja de ruta de su departamento durante los próximos cuatro años.
El PSOE denuncia un "desguace" de los servicios sociales
La portavoz socialista de Familia e Igualdad de Oportunidades, Carmen Iglesias, aseguró que el programa presentado por Carlos Pollán supone un retroceso en las políticas sociales de Castilla y León al apostar, a su juicio, por la desregulación y la fragmentación de competencias.
En este sentido, acusó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de asumir las exigencias de Vox para mantener el pacto de gobierno y advirtió de que las medidas anunciadas ponen en riesgo la atención a los colectivos más vulnerables, además de cuestionar los planteamientos del nuevo consejero sobre inmigración y acogida de menores.
