Colas en el proceso de regularización de inmigrantes
La regularización de migrantes se cierra con casi 40.000 solicitudes en Castilla y León y la Junta presenta su recurso
Carriedo confirma que el Ejecutivo autonómico ya ha presentado el recurso contra la norma y critica un proceso que considera "mal orientado desde un principio".
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El polémico proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno central ha finalizado con la presentación de 1.174.978 solicitudes en toda España.
De las que 39.981 corresponden a Castilla y León, según los datos oficiales hechos públicos tras el cierre del plazo por parte del Gobierno.
En la Comunidad se asignaron un total de 18.646 citas para la tramitación de las solicitudes.
Por provincias, Valladolid registró el mayor número de peticiones, con 8.337, seguida de Burgos (7.774), León (5.830), Salamanca (5.041), Segovia (3.690), Ávila (3.215), Palencia (2.075), Soria (2.069) y Zamora (1.950).
Por comunidades autónomas, Cataluña concentró el mayor volumen de solicitudes, con 257.602, seguida de la Comunidad de Madrid (202.424), la Comunitat Valenciana (167.286) y Andalucía (161.557).
A continuación se situaron Castilla-La Mancha, Euskadi, la Región de Murcia, Castilla y León, Galicia y Canarias, lo que refleja la extensión del proceso en todo el territorio nacional.
Tras conocerse estas cifras, la Junta de Castilla y León reiteró sus críticas al procedimiento extraordinario de regularización y confirmó que ya ha presentado, dentro del plazo establecido, el recurso contra esta medida.
Valoración
El portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que se trata de un proceso que "no ha estado bien orientado desde un principio" y sostuvo que ha generado "muchas críticas" tanto por su diseño como por su desarrollo.
En ese sentido, incidió en las dificultades administrativas que, a su juicio, ha planteado la tramitación, especialmente por la documentación exigida para acceder a la regularización, la obtención de certificados oficiales y de las denominadas apostillas internacionales, además de las incidencias registradas durante el procedimiento.
Asimismo, cuestionó los plazos fijados por el Gobierno para presentar las solicitudes, que consideró insuficientes para un proceso de estas características, y afirmó que "el resultado final no va a ser bueno".
Carriedo explicó que el recurso presentado por la Junta responde a las dudas jurídicas que, según defendió, suscita la medida.
En este sentido, aseguró que existen interrogantes sobre el cumplimiento de la normativa europea y recordó que las instituciones comunitarias han advertido de posibles contradicciones con el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.
También aludió a las reservas expresadas por el Tribunal Supremo respecto a las garantías del procedimiento.
El portavoz reconoció que las casi 40.000 solicitudes registradas en Castilla y León constituyen "una cifra importante", aunque precisó que la Junta no dispone de una previsión inicial del Gobierno con la que comparar el resultado.
"Nunca hemos tenido esa notificación y, por tanto, no podemos cuantificar si está por encima o por debajo de lo previsto", indicó.
Fernández Carriedo defendió que Castilla y León apuesta por una inmigración "ordenada", orientada a la integración cultural y laboral de las personas que llegan a la Comunidad, y sostuvo que los procesos deben desarrollarse con garantías para evitar favorecer a las mafias que trafican con personas.
Además, interpretó las largas colas y los problemas registrados durante la tramitación como una muestra de que el Gobierno central "no tenía controlado este asunto" y consideró que el procedimiento "se podría haber hecho de otra forma".
Finalmente, el portavoz señaló que es "positivo" que quienes llegan a Castilla y León lo hagan con voluntad de integrarse y trabajar, aunque insistió en la necesidad de que existan mecanismos que garanticen ese objetivo.
Preguntado por la denominada "ley de nietos", Carriedo evitó entrar en el fondo del debate al recordar que se trata de una competencia estatal. No obstante, reclamó que cualquier actuación en esta materia se desarrolle con "rigor y transparencia" y expresó el respeto de la Junta hacia el debate planteado.
