El coordinador general de IU Castilla y León, Juan Gascón, en una imagen de archivo

El coordinador general de IU Castilla y León, Juan Gascón, en una imagen de archivo Campillo ICAL

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IU acusa a la Junta de dejar sin sanción cuatro de cada diez denuncias medioambientales en Castilla y León

La formación denuncia la “grave dejadez” tras admitir Medio Ambiente que 4.318 expedientes ni siquiera se iniciaron y otros 1.440 prescribieron o caducaron entre 2023 y 2025.

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Izquierda Unida de Castilla y León ha acusado al Gobierno autonómico de Alfonso Fernández Mañueco de “mirar hacia otro lado” ante las infracciones medioambientales después de que la Consejería de Medio Ambiente haya reconocido que cerca del 40% de las denuncias presentadas por agentes medioambientales entre enero de 2023 y diciembre de 2025 no llegaron a traducirse en sanción.

Según los datos trasladados al Procurador del Común y recogidos por IU, en ese periodo se interpusieron 14.898 denuncias por infracciones vinculadas principalmente a caza, pesca, vías pecuarias y espacios naturales.

De ellas, 4.318 no llegaron siquiera a iniciar su procedimiento y otras 1.440 prescribieron o caducaron.

En total, 5.758 actuaciones quedaron sin efecto, lo que supone el 38,6% del total.

IU considera que estas cifras reflejan una “grave dejadez” por parte de la Junta y advierte de que la falta de tramitación de los expedientes resta eficacia a la vigilancia ambiental y debilita la autoridad de los propios agentes encargados de velar por el cumplimiento de la normativa.

El coordinador de IU en Castilla y León, Juan Gascón, ha sido especialmente crítico con la gestión del Ejecutivo autonómico.

“Mañueco presume de defender el medio rural y el medio ambiente, pero la realidad demuestra lo contrario: entierra cuatro de cada diez denuncias por falta de voluntad política y de recursos”, ha afirmado.

Gascón ha añadido que “no es un problema de financiación, sino de permisividad con los incumplimientos de la ley”, y ha advertido de que esta situación puede favorecer la repetición de conductas ilegales como la caza o la pesca furtiva.

El informe del Procurador del Común recoge además una advertencia expresa sobre el efecto que esta situación puede generar entre los agentes medioambientales, al provocar “desconfianza” en quienes actúan como autoridad para denunciar infracciones.

Burgos y Salamanca, dos situaciones “insostenibles”

Izquierda Unida pone el foco especialmente en Burgos y Salamanca.

En el caso de Burgos, la organización denuncia que un único instructor jurídico asume toda la tramitación de expedientes, una situación que habría provocado la prescripción de 869 casos en los dos últimos años.

En Salamanca, IU señala un déficit estructural de personal al ser la única provincia que cuenta con solo dos instructores jurídicos en la Relación de Puestos de Trabajo, frente a los tres existentes en el resto de provincias.

Ante esta situación, la formación ha anunciado el registro de varias iniciativas dirigidas a la Consejería de Medio Ambiente.

Entre ellas, reclama la puesta en marcha de un plan de choque para desbloquear los expedientes paralizados y evitar nuevas prescripciones, así como la convocatoria urgente de todas las plazas vacantes de instructores jurídicos en los servicios territoriales.

IU también exige reforzar el personal en todas las provincias, modificar la Relación de Puestos de Trabajo para equiparar Salamanca al resto e incorporar un tercer instructor jurídico en esa provincia.

La formación reclama además garantizar la transparencia informativa, incluyendo la exención de tasas a los medios de comunicación y la devolución del importe abonado por el medio que accedió a esos datos.

Gascón ha acusado al Ejecutivo autonómico de haber “recortado y vaciado” durante años las plantillas de los servicios periféricos de Medio Ambiente y ha pedido a la Consejería que respalde de manera efectiva la labor de los agentes medioambientales.

“Es imprescindible dotar de recursos adecuados a este servicio y evitar que los expedientes sancionadores no se tramiten en tiempo y forma. La Consejería debe respaldar la labor de los agentes medioambientales, no desautorizarla permitiendo que sus denuncias acaben en la papelera”, ha concluido.