Primera reunión de la Mesa de las Cortes de Castilla y León de esta XII Legislatura. ICAL
Las nuevas Cortes heredan informes, órganos por renovar y una ILP clave mientras llegan nuevos asesores y cargos
Con Francisco Vázquez (PP) al mando, arranca la XII Legislatura con reuniones para analizar los temas que se han quedado en el cajón y con el nombramiento de personas de confianza por parte de los representantes de la Mesa.
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Las Cortes de Castilla y León comienzan a dar sus primeros pasos con Francisco Vázquez (PP) al mando en sustitución de Carlos Pollán (Vox). Hace una semana, se acordó mantener las retribuciones fijadas en otra reunión previa de la Mesa el pasado 15 de enero para los seis miembros -presidente, vicepresidentes (dos) y secretarios (tres).
De esta manera continuarán cobrando 103.431,26 euros anuales -81.831,26 euros y una indemnización de 1.800 euros al mes para gastos, pero ya en el horizonte se ven nuevos objetivos.
De momento, el Grupo Mixto de las Cortes de Castilla y León, conformado por tres procuradores de la Unión del Pueblo Leonés, uno de Soria YA y uno de Por Ávila- se registrará formalmente esta semana.
Así, arranca la XII Legislatura con una mezcla de continuidad institucional y renovación interna. El Boletín Oficial de la Cámara publicado el pasado viernes 24 de abril tanto el cierre formal de la etapa anterior como las primeras decisiones organizativas y políticas del nuevo periodo.
Uno de los puntos más relevantes es la dación de cuentas de la Diputación Permanente de la XI Legislatura, un trámite que, aunque técnico, tiene gran importancia política.
Este órgano, que mantiene la actividad parlamentaria cuando las Cortes están disueltas, ha trasladado a la nueva Cámara una serie de asuntos que quedaron pendientes tras la convocatoria electoral de enero de 2026.
En términos sencillos, la nueva legislatura no empieza de cero y tiene una serie de deberes.
Entre los asuntos trasladados destacan especialmente algunos que tendrán que ser tratados de manera inmediata por los 82 nuevos procuradores.
Por ejemplo, el texto habla de una iniciativa legislativa popular (ILP) para incorporar personal de enfermería en los centros educativos.
También habla de más de una docena de informes del Consejo de Cuentas, que analizan desde la contratación pública hasta la ciberseguridad en ayuntamientos o el endeudamiento autonómico.
Estos documentos son clave porque pueden derivar en debates políticos, exigencia de responsabilidades o reformas administrativas.
Uno de los informes que llega a la nueva etapa analiza la seguridad informática del Ayuntamiento de Segovia, poniendo el foco en cómo se protegen los sistemas municipales frente a ciberataques. Este tipo de estudios es cada vez más relevante, ya que los ayuntamientos gestionan datos sensibles y servicios digitales básicos.
![Imagen del interior del modelo de autobús eléctrico](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2023\/05\/03\/actualidad\/760934359_232865714_1706x960.jpg"])
También se traslada el informe sobre la fiscalización financiera de la Gerencia Regional de Servicios Sociales (ejercicio 2022), que examina cómo se han gestionado los recursos públicos en un área especialmente delicada por su impacto directo en la ciudadanía, como la atención a dependientes o colectivos vulnerables.
En el ámbito económico, destaca el análisis del endeudamiento de la Administración autonómica en 2023, que permitirá a los nuevos procuradores evaluar el nivel de deuda, su evolución y la sostenibilidad de las cuentas públicas de Castilla y León.
La nueva legislatura también tendrá sobre la mesa el informe sobre la estabilización del empleo temporal en entidades locales, un proceso clave tras años de alta temporalidad en la administración pública y que afecta directamente a miles de trabajadores.
Órganos en funciones
Y por supuesto no se olvida de los nombramientos institucionales pendientes, como el Procurador del Común, que ya lleva varios años en funciones.
Uno de los acuerdos pendientes es el de la renovación de las cuatro instituciones propias de las Cortes de Castilla y León −el Consejo Económico y Social (CES), el Procurador del Común, el Consejo de Cuentas y el Consejo Consultivo− que llevan casi tres años y medio en funciones.
Los representantes de las cuatro instituciones propias −el presidente del CES, Enrique Cabero, el Procurador del Común, Tomás Quintana, el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, y el del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de Vega− se encuentran con sus mandatos expirados, pero siguen operando con normalidad.
También de los Miembros del Consejo Consultivo, de los consejeros del Consejo de Cuentas, los representantes en el Consejo Económico y Social, incluso candidatos al Tribunal Constitucional
Este punto es especialmente relevante, ya que la XII Legislatura tendrá que completar la renovación de varios órganos clave del sistema institucional autonómico, lo que anticipa negociaciones entre partidos.
Otro de los temas es el de propuestas legislativas europeas, principalmente en materia de ciberseguridad, sanidad o seguridad alimentaria, que deberán ser analizadas por las Cortes dentro del marco comunitario.
Peticiones ciudadanas y comunicaciones oficiales, junto a informes económicos y memorias de actividad de órganos consultivos.
Este traspaso de asuntos se produce tras la disolución de las Cortes y la convocatoria electoral de enero de 2026. Durante ese tiempo, la Diputación Permanente apenas celebró una sesión formal, centrada en la convalidación de un decreto sobre subida salarial del sector público, pero sí mantuvo actividad administrativa constante.
Nuevos asesores y cargos en las Cortes
En paralelo a este arranque institucional, la Presidencia de las Cortes ha aprobado una amplia batería de nombramientos, que comienzan a formar la estructura política y técnica del nuevo periodo.
Entre los principales cargos destacan a Nieves María Martín Tabernero, asesora de la Presidencia, es decir de Francisco Vázquez (PP).
Jesús Gómez Barrio, coordinador de la Oficina del Presidente, Alberto Callejo Fernández, como jefe de Estudios y Documentación y María Jesús Burgos Gallego, en el puesto de jefa de Protocolo
Además, se refuerza el equipo de la Vicepresidencia Segunda, en manos del PP, con: Marina García Bastida (asesora), Leopoldo San Juan Bernal (asesor) y Francisco Javier García Retortillo (adjunto).
También se nombran asesores vinculados a órganos internos y grupos parlamentarios: Inmaculada García González, asesora de la Secretaría Primera (Daniel de la Rosa, PSOE). Mónica Bajo Martín, asesora del Grupo Popular, Fernando Vegas Sánchez, asesor del Grupo Socialista y Matías Recio Juárez, asesor del Grupo Vox
Modernización administrativa
Otro aspecto relevante es la modificación de la sede electrónica de las Cortes. A partir de ahora, se amplían los trámites digitales, incluyendo presentación de documentación sobre intereses de los procuradores, la publicación de bienes y actividades y la gestión de procesos de selección
De esta manera, las Cortes de Castilla y León arrancan esta nueva etapa con una combinación de continuidad y renovación, donde lo pendiente pesa casi tanto como lo nuevo.
