La Junta de Castilla y León recurrirá la regularización de inmigrantes del Gobierno: "Hay un impacto grave para la UE"

Los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León estudiarán un recurso en los tribunales contra el Real Decreto para la regularización extraordinaria de inmigrantes.

De esta manera, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz en funciones de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha confirmado que la Administración autonómica presentará un recurso contra el decreto ley aprobado por el Gobierno para la regularización de personas inmigrantes, al considerar que puede tener un impacto “grave” en el conjunto de la Unión Europea.

Según ha explicado, la decisión ya ha sido adoptada a nivel institucional tras analizar el contenido de la norma.

“Hemos examinado el nuevo decreto ley para la regularización y hemos decidido que vamos a recurrir este real decreto en defensa de la Comunidad, de los ciudadanos y de nuestras tareas”, ha señalado.

Fernández Carriedo ha criticado que la medida se haya impulsado “sin diálogo” con las comunidades autónomas ni con las entidades locales, y ha lamentado la falta de información sobre su alcance.

“No sabemos cuántas personas, qué tareas tendremos luego; se ha hecho sin ningún control parlamentario”, ha afirmado.

Entre los motivos del recurso, el portavoz ha destacado, en primer lugar, el posible impacto a nivel europeo. Ha recordado que, según la normativa comunitaria, una persona que accede a un país de la Unión puede circular libremente por el resto de Estados miembros.

“Visto el volumen de personas que pueden acceder, puede suponer un impacto muy importante, y así lo ha señalado la propia Comisión, con riesgo y efecto para el resto de países”, ha indicado.

En segundo lugar, ha cuestionado el sistema de acreditación de requisitos contemplado en el decreto, al considerar que “no garantiza” que estos se estén cumpliendo adecuadamente.

También ha advertido de la falta de información a las comunidades autónomas, lo que, a su juicio, impide preparar los recursos y procedimientos necesarios para su aplicación.

Pese a estas críticas, Fernández Carriedo ha defendido la política de integración de la Junta, asegurando que Castilla y León “siempre ha puesto en marcha programas para la implicación del conjunto de los inmigrantes”, pero “con información y garantías”.

En este sentido, ha subrayado que la integración debe basarse en el empleo: “La forma de integrar es a través de un contrato de trabajo, el alta en la Seguridad Social y tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano”.

El consejero también ha insistido en la incertidumbre sobre el número de personas que podrían beneficiarse de la medida. Aunque el sindicato CCOO ha apuntado a unas 30.000, ha asegurado que ni el Gobierno central ni la propia comunidad disponen de cifras claras. “Si el Gobierno no tiene el número, nosotros no tenemos esa capacidad para saberlo”, ha afirmado.

Asimismo, ha alertado de posibles problemas en la tramitación de solicitudes, señalando que el procedimiento habilitado “no garantiza” la validez de la documentación presentada. Por ello, ha reclamado mecanismos adicionales de certificación que aporten seguridad jurídica.

En cuanto al proceso judicial, Fernández Carriedo ha explicado que el recurso se presentará tras el asesoramiento de los servicios jurídicos de la Junta, que serán los encargados de determinar ante qué tribunal se interpone y si procede solicitar alguna medida cautelar.

Finalmente, ha precisado que esta decisión responde exclusivamente a una iniciativa del Gobierno autonómico actual, “como se ha hecho en otras ocasiones anteriores”, al ser preguntado por posibles conversaciones con Vox sobre este asunto.

El gabinete de Mañueco, en funciones tras las últimas elecciones, está revisando los detalles del Real Decreto que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para determinar si “qué posibilidades jurídicas hay para impugnar esta normativa".

Una normativa que fue aprobada este martes por el Consejo de Ministros y que inicia este jueves su desarrollo hasta el próximo 30 de junio.

Con esto, la Junta de Castilla y León sigue la vía que han decidido emprender otras comunidades gobernadas por el Partido Popular como Madrid, Aragón, Murcia, Baleares o la Comunidad Valenciana.

De ello, en el caso de Madrid y Baleares han avanzado que van a pedir al Supremo la suspensión cautelar de la regularización.

“Cortina de humo”

A principios de año, tras conocerse la intención del Gobierno de regularizar la situación de este medio millón de inmigrantes, Mañueco lo tildó de “auténtica cortina de humo”.

Al no conocer detalles sobre su aplicación, ni haberse pactado antes con las comunidades su diseño. La dirección nacional del PP ha rechazado también esta regularización planteada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Carlos Fernández Carriedo, portavoz y consejero de Economía y Hacienda en Funciones, el pasado jueves, avanzaba que la Junta recurrirá “cualquier acto administrativo” en materia de reparto de menores migrantes no acompañados.

Siempre que contravenga los intereses de la Comunidad, aunque garantizó el respeto y, por tanto, el cumplimiento de la legislación en esta materia.

De hecho, la Junta ya presentó en junio del año pasado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-Ley 2/2025, mediante el cual el Gobierno estableció el reparto de menores no acompañados que llegaban a Canarias, Ceuta y Melilla.

Entonces alegó que el Gobierno invadía su competencia sobre protección y tutela de menores, un perjuicio financiero al aumentar el número de personas acogidas y un agravio comparativo respecto a otras comunidades.

Hasta el 30 de junio

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que da inicio al proceso de regularización extraordinaria de migrantes que afectará previsiblemente a más de medio millón de extranjeros, tras incorporar algunas matizaciones del Consejo de Estado.

Este jueves se ha abierto el plazo para presentar solicitudes por vía telemática y para tramitar la cita previa para hacer la solicitud presencialmente. El proceso finalizará el próximo 30 de junio.

Los principales requisitos exigidos a los extranjeros para acceder a la regularización son haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026, acreditar cinco meses de permanencia continuada en el país y no tener antecedentes penales.

Precisamente para acreditarlo, los solicitantes no podrán hacer una declaración responsable para ello, pero si demuestra que no ha recibido contestación por el país tercero será directamente el Gobierno el que lo solicite.

De este proceso de regularización quedarán fuera las personas apátridas, muchos de ellos saharauis, tal y como recomendó el Consejo de Estado en su dictamen sobre el texto. Además, se podrán presentar pasaportes caducados para los trámites del proceso y la norma flexibilizará requisitos para poder regularizar a los menores acompañados por sus progenitores.

Finalmente, los solicitantes tendrán autorización provisional de trabajo desde la admisión a trámite, y habrá compatibilidad temporal entre la solicitud de regularización y la Protección Internacional (asilo).