CSIF presume de ser el primer sindicato en la Junta con 290 delegados: negociará con el nuevo Gobierno autonómico

El sindicato CSIF se consolida como la primera fuerza sindical de los empleados públicos de la Junta, contando con un total de 290 delegados en los sectores de la Administración General (164), Sacyl otros 66 y Educación un total de 60.

Todo tras finalizar el proceso de elecciones de todas las provincias de la Comunidad que se celebró ayer y a falta de la votación de la Junta de Personal de Sacyl de Soria y que ha incrementado en 25 los representantes de CSIF.

El próximo mes de diciembre se iniciará, de nuevo, el proceso sindical en la Junta, con las elecciones de Educación.

El presidente de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, ha anunciado que se pone ya a disposición de los empleados y empleadas de la Administración de la Junta “para trabajar de forma inmediata con el Gobierno autonómico que se decida el próximo 15 de marzo, para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos y la calidad de los servicios públicos, esenciales para el desarrollo y futuro de una Comunidad como la nuestra”.

Castro recuerda que las 16 medidas principales de actuación en función pública que ha concretado CSIF, y que ha trasladado estas semanas a los partidos políticos, son un buen referente para iniciar el diálogo, el trabajo y la negociación.

El líder de la primera organización sindical de las administraciones públicas, y también de la Junta de Castilla y León, subraya “que el apoyo recibido y la fuerza que nos otorgan los empleados públicos, pero también cada vez más trabajadores de la empresa privada, debe hacer reflexionar a la Junta, merecemos que se nos escuche y es justo que se nos incluya en el Diálogo Social, para que ese foro represente toda la realidad social de Castilla y León y no solo una parte”.

Petición de CSIF 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, exige que el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que se está tramitando en el Congreso, reconozca las competencias de los agentes forestales y medioambientales como Policía Judicial. Entre estas competencias se incluyen la colaboración en la investigación de delitos relacionados con el medio ambiente, elaborar atestados e informes y asegurar pruebas y elementos de delito.

CSIF ha registrado en el Congreso una enmienda dirigida al presidente de la Comisión de Justicia -órgano que será el encargado de tramitar el proyecto de ley de LECrim-, en la que se solicita la nueva redacción del artículo relativo a las funciones de la policía judicial. En concreto, solicitamos que tengan esta consideración los funcionarios de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y del Servicio de Vigilancia Aduanera y también “los Cuerpos, escalas y especialidades de Agentes Forestales y Medioambientales en el ámbito de su respectiva competencia”.

La organización recuerda en la enmienda que actualmente hay cerca de 6.000 agentes forestales y medioambientales en todas las comunidades autónomas y que sus funciones son básicamente policiales (son los garantes de la custodia y vigilancia del medioambiente). "Defendemos que son prácticamente una policía especial administrativa y judicial especialidad en materia de medio ambiente", señalan.