Un cazador en Castilla y León

Un cazador en Castilla y León J.L. Leal ICAL

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Pacma estudia acciones legales contra la Junta por reabrir la caza en los terrenos arrasados por los incendios

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, argumentó que esta decisión, tomada "en función de los informes técnicos y circunstancias del territorio", es la "más adecuada en estos momentos".

Más información: Pacma, contra los cazadores: "Crían jabalíes en cautividad, crean el problema y luego se venden como la única solución"

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El Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma) ha anunciado este viernes que estudiará acciones legales tras la decisión de la Junta de Castilla y León de permitir la actividad cinegética en terrenos afectados por incendios forestales tan solo siete meses después de producirse, pese a que la legislación estatal establece una prohibición expresa de la caza durante al menos cinco años en estas zonas para proteger la recuperación del ecosistema.

La formación política considera que esta medida vulnera el espíritu de la normativa ambiental vigente, cuyo objetivo es garantizar la regeneración de los hábitats y la recuperación de las poblaciones de fauna silvestre tras un incendio. Pacma ha recordado que los ecosistemas incendiados “atraviesan un periodo crítico en el que las especies se encuentran especialmente vulnerables debido a la pérdida de refugio, alimento y cobertura vegetal”

La formación ha advertido de que permitir la caza en este contexto supone “un grave retroceso en materia de protección ambiental en Castilla y León” además de sentar “un precedente peligroso”.

La decisión "más adecuada"

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, argumentó este jueves, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que esta decisión, tomada "en función de los informes técnicos y circunstancias del territorio", es la "más adecuada en estos momentos".

Carriedo justificó esta medida, que no se encontraba entre los acuerdos, a pesar de que habrán transcurrido siete meses y no cinco años, como establece la Ley de Montes. El consejero también argumentó que "hace unas semanas" la petición "era la contraria, aumentar la actividad cinegética para evitar la transmisión de enfermedades", también en zonas quemadas, como sucedió con el jabalí y la peste porcina.