El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ICAL
La Junta avala la creación de tres nuevas plazas judiciales, pero critica el "olvido" de Palencia, Soria y Zamora
Visto bueno del Real Decreto a la petición de la Junta de poner en marcha nuevas unidades en Miranda de Ebro, Aranda y en Burgos.
Más información: Aprobada la creación de nuevos juzgados en tres provincias de Castilla y León
La Junta de Castilla y León ha dado hoy luz verde al informe de los Servicios Jurídicos sobre el Proyecto de Real Decreto para la creación de 500 nuevas unidades judiciales en España.
Aunque la valoración general es “positiva” por el refuerzo que supone para el sistema, el Gobierno regional, a través de las palabras de su portavoz Carlos Fernández Carriedo, ha aprovechado el trámite para alzar la voz “ante las carencias” que el plan del Ministerio de Justicia deja en varias provincias de la Comunidad.
El informe destaca especialmente la creación de plazas largamente demandadas en la provincia de Burgos. En concreto, se han informado favorablemente:
Miranda de Ebro: Plaza nº 3 de la Sección Civil y de Instrucción.
Aranda de Duero: Plaza nº 3 de la Sección Civil y de Instrucción.
Burgos ciudad: Plaza nº 8 de la Sección Civil y nº 4 de la Sección Social.
Estas incorporaciones, especialmente en Miranda y Aranda, responden a peticiones que la Junta inició en 2022 y que contaron con el respaldo unánime de las Cortes de Castilla y León en 2023, ha confirmado Carriedo.
Las olvidadas
A pesar del visto bueno global, la Junta advierte que el Real Decreto ignora necesidades críticas en otras provincias. El informe de los Servicios Jurídicos reclama formalmente la inclusión de una plaza de la Sección Civil y de Instrucción, pendiente desde la programación ministerial de 2019 en Palencia.
En Soria, la creación de un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, solicitado insistentemente desde 2022 tanto por la Junta como por el TSJCyL.
Y, por último, en Zamora una nueva unidad judicial dedicada a Violencia sobre la Mujer (o, en su defecto, una plaza de Civil e Instrucción), tal y como recoge la memoria del TSJCyL de 2024.
El punto de mayor fricción reside en el peso de Castilla y León en el conjunto nacional. De las 500 unidades judiciales previstas para todo el país, solo 19 llegarán a la Comunidad (un escaso 3,8% del total).
En concreto son una a Ávila, cuatro a Burgos, cuatro a León, una a Salamanca, una a Segovia, seis a Valladolid y dos de adscripción territorial al propio Tribunal Superior de Justicia.
"Castilla y León concentra casi el 5% de la población nacional, el 19% del territorio y el 28% de los municipios de España", recuerda Carriedo.
Estas cifras contrastan drásticamente con el año 2022, cuando la Comunidad recibió casi el 16% de las plazas creadas.
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