La trama eólica queda vista para sentencia tras más de cuatro meses de juicio en Valladolid

El juicio por la denominada trama eólica ha quedado este martes visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Valladolid, después de más de cuatro meses de sesiones y una década de instrucción en la que han comparecido decenas de testigos y peritos.

Ahora, el tribunal deberá determinar la implicación y la responsabilidad de los quince acusados. Entre ellos figura como principal inculpado el ex viceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León entre 2003 y 2007, Rafael Delgado, para quien la Fiscalía solicita una pena de 42 años de prisión y multas por valor de 239 millones de euros por delitos de cohecho, extorsión, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

Justo antes de dar por concluida la vista, el magistrado presidente de la Sala, Ángel Santiago Martínez, señaló que el tribunal afronta ahora su “tarea fundamental”, centrada en el estudio de un asunto que calificó de “magno”, tal y como recoge la agencia Ical.

El presidente de la Sala admitió que se trata, “con diferencia”, del juicio más largo de su vida profesional y aseguró que el objetivo será transformar el “marrón”, en expresión utilizada por el abogado Jesús Rodríguez Recio, en un “reto”.

Martínez subrayó que para esta labor será necesario el trabajo conjunto con sus compañeros, a quienes agradeció su “apoyo y asesoramiento”, y tuvo también palabras de reconocimiento para el personal de la Audiencia Provincial, desde la letrada de la Administración de Justicia y los funcionarios de la Secretaría hasta los agentes judiciales.

Asimismo, valoró la colaboración de todos los letrados intervinientes, muchos de ellos desplazados desde fuera de Valladolid, en el desarrollo de un juicio “complejo”.

Antes de conceder el turno de última palabra a los acusados —del que únicamente hicieron uso Rafael Delgado y Jesús Rodríguez Recio, a quien la Fiscalía considera testaferro del primero, intervino la defensa del Parque Eólico La Boga, en representación de la empresa ACS.

Esta mercantil figura en la causa como responsable civil subsidiaria y a título lucrativo por los perjuicios que, según la acusación, sufrieron los empresarios José María Campos y María del Mar Redondo tras la venta de sus participaciones en Augusta Wind a ACS.

En concreto, reclaman una indemnización de 184,3 millones de euros al considerar que vendieron por debajo del precio de mercado, después de percibir 7,2 millones de euros por la venta de esas acciones en febrero de 2005.