Castilla y León activa el botón de elecciones: nueve leyes al cajón, listas cremallera y más voto emigrante que nunca

Como bien se sabía el 15 de marzo habrá que acudir a las urnas. Y justo en este momento se activa un calendario político y administrativo que culminará con la constitución de un nuevo Parlamento autonómico antes del 14 de abril.

La publicación de hoy martes del decreto en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) marca el pistoletazo de salida formal a unas elecciones que pondrán en juego 82 procuradores, uno más que en la legislatura que ahora expira gracias al aumento de representación de Segovia.

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Y es que estos comicios de 2026 lo harán con varias novedades frente a los de 2022. Aumenta el número de procuradores y también hay cambios en el voto CERA, el que se hace desde el extranjero. Además, como curiosidad, aquella se hizo con mascarilla, ya que estaba todavía muy presente la pandemia de covid.

A partir de ese momento, los partidos entran en una carrera contrarreloj. Son diez días para comunicar coaliciones electorales, designar representantes legales y fijar las normas internas de las alianzas que concurran a las urnas.

Febrero será el mes decisivo y eso que solo tiene 28 días. Entre los días 4 y 9 habrá que presentar las candidaturas ante las juntas electorales provinciales, listas que, por imperativo legal, deberán cumplir con el sistema de 'cremallera' para garantizar la paridad efectiva entre hombres y mujeres. Esto va a traer varios quebraderos de cabeza en muchas provincias para algunos partidos.

Además, los partidos con grupo propio en las actuales Cortes, Partido Popular, PSOE y Vox, tienen que comunicar a la Junta Electoral sus candidatos a la Presidencia de la Junta. De momento solo faltaría la formación de Abascal.

Habrá dos debates electorales durante una campaña que arrancará en la medianoche del 27 de febrero y se extenderá hasta el 13 de marzo. Dos semanas intensas en las que se condensará buena parte del futuro político de la Comunidad. Y por medio, el famoso 8 de marzo, día internacional de la Mujer, y que seguro que traerá polémica.

La jornada de votación se celebrará el domingo 15 de marzo, de 9.00 a 20.00 horas, tras un sábado de reflexión y con la habitual prohibición de publicar sondeos durante los cinco días previos. Unos sondeos que de momento no dejan nada clara la situación. El PP es favorito, Vox viene pegando fuerte y el PSOE se diluye como un azucarillo.

Las elecciones del 15 de marzo serán las duodécimas autonómicas de Castilla y León y las segundas que se celebran en solitario, sin coincidir con municipales, en pleno invierno. Esto ya ocurrió en 2022.

Llegan, además, poco más de cuatro años después de las anteriores, tras agotarse una legislatura que arrancó con adelanto electoral y que ahora se cierra con un Mañueco que ha salido indemne de su coalición con Vox.

Fue la primera PP-Vox a nivel nacional y que ahora se replica con muchas comunidades, aunque los de Abascal ya van imponiendo sus líneas rojas.

Castilla y León será la segunda comunidad en acudir a las urnas este año, tras Aragón, antes lo hizo Extremadura.

82 procuradores

El nuevo Parlamento autonómico estará compuesto por 82 procuradores, con una mayoría absoluta fijada en 42 escaños, clave para la investidura del próximo presidente o presidenta de la Junta.

La distribución provincial mantiene el peso tradicional: Valladolid (15), León (13), Burgos (11), Salamanca (10), siete para Ávila, Palencia, Segovia y Zamora, y cinco para Soria.

Una de las grandes incógnitas de estos comicios será el impacto del censo exterior, que alcanza un récord histórico de 179.247 electores, convirtiéndose de facto en la décima provincia de Castilla y León. Por primera vez, además, estos votantes no tendrán que recurrir al sistema del voto rogado, eliminado tras la reforma legal de finales de 2022.

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El dato es políticamente relevante: el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) ha crecido casi un 12 % en cuatro años, mientras el censo interior continúa descendiendo.

Legislación al cajón

Ahora bien, la disolución de las Cortes también trae que buena parte del trabajo parlamentario de la XI Legislatura quede en el cajón. Son 9 leyes las que quedan automáticamente caducadas, o lo que es lo mismo, dos proyectos de ley del Ejecutivo autonómico y siete proposiciones impulsadas por los grupos parlamentarios.

Entre las iniciativas que se quedan en el cajón aparecen leyes como la de coordinación de policías locales o la de ordenación de los servicios de prevención y extinción de incendios.

También otras sobre la despoblación, empleo público, igualdad LGTBI+, patrimonio agrario o ruido ambiental. Años de tramitación que se convierten, en términos jurídicos, en papel mojado y que los partidos utilizarán previsiblemente como munición electoral.

Así, va al cajón el trámite legislativo de Soria YA para dotar a Castilla y León de una ley de medidas contra la despoblación y también una de las más polémicas: la de igualdad de las personas LGTBI, dejando así de nuevo a esta Comunidad siendo la única de España que no la tiene.

Mientras tanto, ahora todo el protagonismo recae en la Diputación Permanente, órgano encargado de velar por los poderes de la cámara hasta la constitución de las nuevas Cortes.

Entre sus tareas más inmediatas figura la convalidación del decreto-ley que regula el incremento retributivo de los empleados públicos para 2025 y 2026, un trámite obligado para evitar su decaimiento, que según relatan fuentes parlamentarias a Ical podría ser la reunión del 2 de febrero.

El 15 de marzo se decidirá quién gobierna Castilla y León y también qué modelo de Comunidad sale de todo esto. Hasta entonces será tiempo de promesas, mítines y del ‘tú más’.