UGT explica la demanda judicial presentada contra la Consejería de Sanidad por negarse a aplicar la reclasificación profesional ICAL
UGT lleva a los tribunales a la Junta por no adaptar titulaciones a unos 20.000 trabajadores públicos
Denuncia que “se han ahorrado mucho dinero” en los últimos 20 años con técnicos de Educación Infantil, agentes medioambientales y sanitarios.
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UGT Servicios Públicos de Castilla y León ha anunciado la interposición de una demanda judicial contra la Consejería de Sanidad por los “reiterados incumplimientos” de la Junta de Castilla y León en materia de reclasificación profesional, una situación que, según el sindicato, está perjudicando gravemente a los empleados públicos del ámbito sanitario.
En una rueda de prensa celebrada este lunes, la organización sindical ha denunciado que la Administración autonómica se niega a aplicar la reclasificación profesional prevista en el artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), plenamente vigente tras la firma del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, publicado en el BOE el 17 de noviembre de 2022.
UGT recuerda que dicho acuerdo puso fin al periodo transitorio y permite aplicar de forma completa la clasificación profesional, lo que supone que los Técnicos Superiores Sanitarios deben integrarse en el Grupo B, mientras que los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAEs) deben pasar del subgrupo C2 al C1, reconociendo así su titulación real y las funciones que desempeñan.
Según el sindicato, lleva más de una década reclamando esta reclasificación tanto en la Mesa Sectorial de Sanidad como en la Mesa General, “sin obtener respuesta por parte de la Junta”.
Ante esta situación, UGT ha decidido acudir a los tribunales “para forzar el cumplimiento de la ley y abrir la vía a la reclasificación de todos los profesionales afectados”.
La demanda se inicia con la categoría de Técnicos Superiores de Laboratorio de Diagnóstico Clínico, aunque desde la federación aclaran que el objetivo es global.
“Queremos ganar un caso para ganar el derecho de todos”, han señalado los responsables del sector sanitario de UGT Servicios Públicos Castilla y León, quienes aseguran que el recurso judicial llega “tras el cansancio de no ser escuchados”.
Asimismo, el sindicato ha advertido de que “algunas plataformas o grupos sin capacidad negociadora están generando falsas expectativas entre el personal sanitario”, recordando que solo las organizaciones sindicales representativas pueden negociar legalmente con la Administración.
UGT exige a la Junta de Castilla y León la aplicación inmediata de la reclasificación profesional establecida en el TREBEP, la convocatoria de una mesa de negociación específica para todo el personal sanitario y el cumplimiento tanto del Acuerdo Marco como de las sentencias que reconocen la correspondencia entre titulación y grupo profesional. También reclama la homologación de Castilla y León con otras comunidades autónomas.
Al Serla
En paralelo, y por el mismo motivo, UGT Servicios Públicos de Castilla y León presentará esta misma semana un conflicto colectivo ante el Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA), paso previo a una posible demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, por el incumplimiento del Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos.
Este convenio, firmado en 2023 entre la Junta y las organizaciones sindicales, establece la obligación de adaptar las categorías profesionales en función de los niveles de titulación, formación y capacitación necesarios.
El plazo para realizar esta reclasificación finalizó el 31 de diciembre de 2024, sin que hasta la fecha exista planificación alguna para su aplicación, pese a afectar a cerca de 5.000 trabajadores de un total de 15.000 y suponer un coste estimado de entre 10 y 15 millones de euros.
Respuesta de Sacyl
La administración regional , a través de la directora General de Personal y desarrollo profesional, Sonsoles García Rodríguez, sostiene que no puede modificar las categorías laborales sin una normativa estatal básica que respalde legalmente dicho cambio.
Según su testimonio, "la falta de avances se debe a que el Gobierno de España no ha desarrollado los acuerdos previos necesarios para su implementación. Además, el organismo autonómico critica la propuesta de la nueva ministra, argumentando que mantiene la situación actual de forma transitoria en lugar de resolverla".
Por tanto, se sugiere que las reivindicaciones sindicales deberían enfocarse en el ministerio y no en el servicio de salud regional.
"Que como muy bien sabe el sindicato UGT, el Servicio Público de Salud de Castilla y León en ningún momento se ha negado a reclasificar a los distintos grupos de profesionales conforme establezca la normativa vigente, pero que esto es un elemento sustancial, normativa vigente, que el acuerdo marco al que ellos citan lo fijaron con la administración del Estado, que no ha tenido los desarrollos que ellos esperaban", asegura.
