Varios ejemplares de lobos
Junta y opas exigen al Gobierno cumplir la normativa sobre el lobo que apunta a un estado de conservación "favorable"
El 14 de julio de este año, la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad aprobó el informe sexenal del lobo correspondiente al periodo 2019-2024 que concluía su estado de conservación favorable para las regiones atlánticas y mediterráneas.
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La Junta de Castilla y León y las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) han analizado la situación actual de la gestión del lobo en España y en la Comunidad tras las modificaciones normativas aprobadas a lo largo de 2025, tanto a nivel europeo como estatal, que flexibilizan las medidas de gestión de la especie.
En el ámbito europeo, la modificación de la Directiva Hábitats ha incluido a todas las poblaciones de lobo en el anexo V, lo que permite a los Estados miembros adoptar medidas de gestión.
A nivel nacional, la aprobación de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, excluyó a las poblaciones de lobo al norte del río Duero del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) y estableció la exclusión automática de las poblaciones al sur del Duero una vez modificada la Directiva.
Con la entrada en vigor de esta modificación europea, todas las poblaciones de lobo en Castilla y León, tanto al norte como al sur del río Duero, han quedado incluidas en el anexo V de la Directiva Hábitats, lo que abre la puerta a la adopción de medidas de gestión sobre la especie.
No obstante, la Junta y las OPAs recuerdan que, según la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de julio de 2024, el lobo no puede ser cazado si su estado de conservación es “desfavorable”, con independencia del anexo de la Directiva en el que esté incluido.
Esta valoración debe basarse en los informes sexenales que los Estados miembros remiten a la Comisión Europea.
En este sentido, el Gobierno de España no ha enviado a la Comisión Europea el informe sexenal correspondiente al periodo 2019-2024, pese a que el plazo finalizaba el 31 de julio de 2025.
El Ejecutivo ha justificado el retraso por la necesidad de evaluar la afección de los incendios forestales sobre las poblaciones de lobo, una razón que la Junta considera injustificada, ya que el informe no incluye el año 2025.
El informe sexenal aprobado el pasado 14 de julio en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad concluye que el estado de conservación del lobo es favorable tanto en la región atlántica como en la mediterránea.
Según lo establecido en la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, este documento debía haberse elevado previamente a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente antes de su remisión a Bruselas. Sin embargo, dicha Conferencia fue desconvocada tras aprobarse el informe en contra del criterio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, sin que hasta la fecha se haya vuelto a convocar.
Por todo ello, la Junta de Castilla y León y las organizaciones agrarias exigen al Ministerio que cumpla tanto con las obligaciones derivadas de la Directiva Hábitats como con el mandato legal de la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
Además, durante la reunión, la Junta se comprometió a revisar y actualizar en las próximas semanas los baremos de pagos compensatorios por daños del lobo aprobados en 2023, adaptándolos a los valores actuales de mercado.
Para ello, se convocarán nuevas reuniones de trabajo con el objetivo de mejorar y definir estos nuevos baremos, reafirmando así el compromiso del Gobierno autonómico con el sector ganadero.
