CSIF se manifiesta en todas las capitales de provincia para exigir un nuevo acuerdo salarial para los empleados públicos ICAL
Más de 177.000 funcionarios de Castilla y León se beneficiarán de la subida salarial del 11,4% hasta 2028
CSIF califica el acuerdo como “el mejor posible” en el actual contexto político y económico, y recuerda que las mejoras salariales empezarán a reflejarse en las nóminas a finales del próximo año.
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Aguinaldo para los funcionarios, la mejor noticia por Navidad. En torno a 177.500 empleados públicos de Castilla y León, incluyendo a trabajadores de la Administración General del Estado, Junta, universidades y entidades locales, serán los beneficiarios directos del acuerdo salarial alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios de la función pública.
La cifra, correspondiente al último boletín estadístico disponible, supone que más de 177.000 personas en la comunidad verán incrementadas sus retribuciones durante el periodo 2025-2028.
El pacto suscrito entre el Ministerio de Función Pública, UGT y CSIF, pendiente aún de valoración por parte de CCOO, establece una subida salarial del 11%, que podría alcanzar el 11,4% gracias al efecto arrastre. Los incrementos serán progresivos y combinan partes fijas y variables, vinculadas a la evolución del IPC.
Subidas año a año
El acuerdo recoge el siguiente calendario:
2025: incremento del 2,5%, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.
2026: subida del 1,5%, más un 0,5% adicional si el IPC llega al 1,5%. Este complemento se cobraría en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos.
2027: aumento del 4,5%.
2028: incremento final del 2%.
CSIF, que venía reclamando una recuperación del poder adquisitivo tras meses de congelación salarial, subraya que la clave para desbloquear el acuerdo fue la inclusión del 0,5 % variable en 2026, algo que el sindicato llevaba tiempo exigiendo.
Según su nota interna, este pacto permitirá una recuperación del 2,9 % del poder adquisitivo perdido en los últimos años.
Repercusiones en Castilla y León
Para Castilla y León, una de las comunidades con mayor peso del empleo público por población, el acuerdo supone un impacto directo sobre:
Más de 70.000 trabajadores de la Junta, incluidos docentes, sanitarios y empleados de servicios generales.
Miles de funcionarios de la Administración del Estado, entre ellos Seguridad Social, Justicia, Hacienda o cuerpos de seguridad.
Personal de las universidades públicas de la comunidad.
Plantillas de diputaciones y ayuntamientos, especialmente numerosas en provincias como Valladolid, Salamanca o León.
Los sindicatos destacan que esta subida ayudará a mejorar la capacidad de retención de profesionales en la comunidad, especialmente en sectores con déficit estructural como la sanidad o la administración local rural.
Mejoras laborales adicionales
Además del componente económico, el pacto incorpora medidas que afectan al conjunto de empleados públicos de Castilla y León, como:
Ampliación de permisos y mejoras en conciliación.
Refuerzo de plantillas en ámbitos de atención al público.
Revisión al alza en 2026 de los complementos de residencia e indemnizaciones por servicio.
Impulso a la promoción interna, concursos de méritos y movilidad.
Eliminación de la tasa de reposición, lo que permitirá ampliar plantillas en sectores deficitarios.
Actualizaciones en salud laboral y medidas contra agresiones.
Compromiso de reforzar la calidad asistencial del mutualismo administrativo (MUFACE, MUGEJU e ISFAS).
CSIF califica el acuerdo como “el mejor posible” en el actual contexto político y económico, y recuerda que las mejoras salariales empezarán a reflejarse en las nóminas a finales del próximo año, con el pago de atrasos previsto para diciembre de 2025.
