La Fiscalía alerta del aumento de las agresiones a los sanitarios de Castilla y León, un 80% mujeres, y les insta a denunciar

El fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena, ha alertado este martes del aumento "exponencial" de las agresiones a los sanitarios de Castilla y León, que en un 80% de los casos son a mujeres, y les ha animado a denunciar. Además, ha hecho hincapié en que la mayoría de estas se producen en Atención Primaria, seguida de urgencias y del servicio de administración.

Así se ha pronunciado Mena antes de participar en una jornada de prevención y respuesta ante agresiones a profesionales sanitarios junto al consejero de Sanidad de la Junta, Alejandro Vázquez, en la sede del departamento.

Casi 800 sanitarios de Castilla y León fueron agredidos verbalmente o físicamente en 2023

Una jornada que servirá, según ha asegurado el fiscal general, para establecer "unas vías de comunicación" y "facilitar la posibilidad de que los profesionales agredidos tengan la tranquilidad de que su denuncia puede servir", ya que muchas agresiones "no se denuncian".

"Esto puede servir de guía para los facultativos para que lo pongan en conocimiento. El mayor número de agresiones, casi el 80%, son a mujeres, hay que generar una dinámica de igualdad y de equilibrio en el trabajo", ha añadido.

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Según ha detallado el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, la jornada se enmarca en una serie de medidas en prevención y actuaciones "para mejorar la incidencia de estas agresiones a los profesionales".

"Vamos a continuar en cada provincia con cursos de formación de los que se va a encargar la Fiscalía para mejorar los procedimientos a la hora de tramitar estas denuncias", ha añadido.

Dar "protección" a los sanitarios

Mena ha considerado "fundamental" que la sociedad conozca esta situación y "que todos colaboremos para que esto funcione mejor porque afecta a un interés general".

"Hace algún tiempo ya hubo una comunicación entre las fiscalías y los ámbitos sanitarios y queremos retomarlo, que los facultativos tengan la sensación de que los fiscales estaremos detrás porque nos preocupa y cuánto mejor funcione la Sanidad mejor, porque todos vamos a ser usuarios del sistema sanitario", ha añadido.

Además, ha hecho hincapié en que los pacientes "debemos ser conscientes de lo que nos jugamos cada vez que acudimos a un centro de salud o a un servicio de urgencias". "Espero que hagamos un camino juntos. Las conductas más graves son las de menos número y las condenas son escasas porque las conductas graves no son las más habituales y muchas no se denuncian", ha insistido.

Mena ha asegurado que "lo que más perturba al facultativo es el día a día, coacciones o amenazas que generan un desasosiego que perjudica a todos y hay que concienciar de que sí que sirve su denuncia".

"Estamos para concienciar de que hay alguien que intenta apoyar desde el punto de vista de la legalidad y si se condena a más gente probablemente sirva de alerta a otras personas. Hay que ir trabajando en esa dirección", ha afirmado.

Penas y condenas

Mena ha señalado que las condenas por delitos graves "no pasan de 20" en la Comunidad pero ha hecho hincapié en que "muchas no se denuncian" y en que "el objetivo es que se denuncien y que estos facultativos se sientan respaldados".

Además, ha alertado sobre que el desasosiego que genera en un profesional el maltrato, la amenaza o las coacciones "nos afecta a todos, porque luego un paciente va a consulta con ese profesional que ha sufrido esa situación".

También ha hecho referencia a las penas que podrían conllevar estas agresiones, aunque ha señalado que varía mucho según el caso.

"Quien agrede a un profesional sanitario está llevando a cabo un atentado contra la autoridad y los delitos más graves pueden llegar hasta cuatro años y seis meses de prisión. También hay amenazas graves, coacciones, con una pena menor, y muchas de las conductas son delitos leves y de esas hay muchas y eso hay que gestionarlo porque altera mucho la prestación del servicio", ha señalado.

Mena ha considerado que "no es aceptable que una persona reciba ese tipo de coacciones en su puesto de trabajo y que no haga nada porque no se siente protegida" y ha hecho referencia también a la posibilidad de impulsar una orden de alejamiento del paciente agresor del médico.

"Se puede y nos corresponde valorar en cada caso concreto y creo que se debe hacer más para que se vea que esto tiene un riesgo", ha zanjado.