Blanco pide en Bruselas incentivos fiscales y flexibilidad regulatoria para la crisis de la vivienda

Una política de cohesión flexible, integradora, innovadora y descentralizada, además de una estrategia en vivienda a nivel europeo que tenga en cuenta medidas esenciales para favorecer el acceso a la misma. Estas son las propuestas que la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha reclamado en Bruselas.

Durante el pleno del Comité de las Regiones de la Unión Europea (UE) este jueves, la también consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, que también marcó este pasado miércoles las ideas de la Comunidad en automoción, ha abogado por el protagonismo de las instituciones locales y regionales en la política de cohesión.

Una estrategia que afronte el reto demográfico y las consecuencias de la despoblación y sobre lo que ha insistido en que esta cuestión ha de constituirse como un pilar dentro de la UE, al nivel de otros asuntos como las transiciones ecológicas o digital.

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La número dos de la Junta ha destacado la importancia de escuchar la postura de las comunidades autónomas y regiones europeas al objeto de conocer la realidad de los territorios para poder desarrollar unas políticas adaptadas a sus necesidades, ya que son éstas quienes gestionan los servicios más próximos.

Respecto a la política de cohesión, Blanco ha apostado por flexibilizar las líneas y que no se ponga sólo a disposición las líneas de financiación específicas adecuadas para que cada región afronte, especialmente, el reto demográfico, sino la gestión de estas.

En cuanto al problema de acceso a la vivienda, la vicepresidenta ha trasladado el apoyo de la Comunidad a aumentar la inversión, con fondos de cohesión, en forma de ayudas específicas que faciliten la movilización de suelo tanto público como privado con el fin de construir vivienda accesible.

Asimismo, considera oportuno flexibilizar el marco regulatorio para construir más viviendas protegidas, por proporcionar, desde la Administración, alquileres asequibles y también rebajar la fiscalidad.

Así, ha abogado por aplicar medidas que hagan frente al aumento descontrolado de precios y la insuficiente oferta, sumando a ello la necesidad de acelerar la transición hacia viviendas más sostenibles. 

Asimismo, ha resaltado durante el pleno que la futura Política de Cohesión que se aplique a partir de 2027 debe incluir líneas de financiación específicas y la gestión directa de estas por parte de las regiones para que se haga frente a las consecuencias de la despoblación, un problema que afecta a grandes áreas europeas.

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Blanco ha explicado que los servicios se prestan donde residen las personas y, en regiones como Castilla y León, grande y dispersa, con 2.248 municipios, llevar esos servicios es más costoso.

Por eso, ha considerado que otros de los grandes retos implica poder continuar prestando los servicios en todas las regiones al mismo nivel, por lo que el reparto de los fondos de cohesión ha de establecerse según los criterios que se ajusten más a la realidad de cada territorio, como son los demográficos.

Según ha insistido Blanco, "no puede haber ciudadanos de segunda o de tercera" y ha recalcado que independientemente del número de habitantes o la dispersión demográfica, todas las regiones deben ir al mismo rito y esos servicios llegar en las mismas condiciones.

Para facilitar la gestión de estos servicios, la vicepresidenta ha subrayado la urgencia de abordar una reducción de la burocracia y la eliminación de trabas administrativas, que va ligado a una mayor descentralización de los fondos. Así, estos fondos han de llegar de forma "directa" a las administraciones regionales y locales.

Por último, ha manifestado que la futura Política de Cohesión debe ser innovadora, en el sentido de que debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a los tiempos y a las transiciones que se han originado y surgirán dentro de un contexto global en evolución.