El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, interviene en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes Ical
La contratación de la Administración autonómica alcanzó en 2022 los 1.161 millones de euros
La Gerencia Regional de Salud fue la entidad que gestionó la mayor parte de la contratación, casi 1.000 expedientes por 424 millones.
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La Administración de la Comunidad adjudicó 2.829 expedientes por importe conjunto de 1.161 millones de euros durante 2022, un 52% más que en el ejercicio anterior, por lo que el volumen económico de la contratación administrativa recupera niveles del ejercicio 2008, cuando se cifró en 1.195 millones de euros.
La opinión del Informe de Fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma, elaborado por el Consejo de Cuentas, se centra en el “cumplimiento razonablemente con la legalidad aplicable”, aunque emite nueve recomendaciones de mejora.
De este modo lo ha manifestado el presidente del órgano de control externo, Mario Amiliva, durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes. Afirmó que ese "cumplimiento razonable" presenta limitaciones relacionadas con la falta de alguna documentación en ocho expedientes y determinadas salvedades.
Para dicha fiscalización, han seleccionado una muestra de 150 expedientes, de los cuales en 120, se han analizado la formalización de los contratos y en 30, la ejecución. En relación a los de la primera muestra, en 82 expedientes han cumplido con las obligaciones de publicidad en el perfil de contratante.
En este sentido, Amiliva ha ensalzado que este informe es "muy exhaustivo" y dejó claro que "no ha habido indicios de responsabilidad contable en el informe".
"No pueden constar en la opinión aquellos incumplimientos que no afecten a los principios de la contratación o normativos, ya que los que son de carácter formal, como es el caso de la publicidad de los contratos, y no afectan a esos principios y normativa no se referencian en la opinión", aseguraba.
Explicó que este informe se caracteriza por ser “garantista y tasado” en las diferentes fases del proceso de ejecución, dado que se han llevado distintas pruebas de auditoría, que se acercan a las 9.000 pruebas en relación a los 150 contratos, donde se han detectado 250 incidencias, un porcentaje que alcanza el 3% de la contratación.
De esa forma, son “incumplimientos muy significativos”, pero que “no llevan a que el informe tenga una opinión desfavorable al no estar generalizados”, porque sólo 22 contratos tienen salvedades relacionadas con el acta de recepción y 24 vinculadas con la determinación de los parámetros para identificar las ofertas.
“Si estos incumplimientos significativos se hubieran producido en todos los órganos de contratación, la opinión de dicho informe hubiera sido desfavorable”, apostilló Amilivia.
