El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en su comparecencia de este lunes en las Cortes.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en su comparecencia de este lunes en las Cortes. Rubén Cacho

Región

La Junta denuncia que faltan 51,5 millones en las entregas a cuenta y el PSOE acusa a Mañueco de "retrasar deliberadamente" los presupuestos

La portavoz de Economía y Hacienda del Grupo Socialista, Rosa Rubio, ha asegurado que el presidente de la Junta "ha jugado con el presente y el futuro de Castilla y León"

4 marzo, 2024 12:16

Noticias relacionadas

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha denunciado este lunes en las Cortes que las entregas a cuenta que está recibiendo Castilla y León para financiarse en el comienzo de este año están 51,5 millones por debajo cada mes respecto a las comunicadas por el Gobierno. Una aseveración que ha negado la portavoz socialista de Economía y Hacienda, Rosa Rubio.

"Mañueco ha mentido, conocía las cifras de entregas a cuenta y ha retrasado deliberadamente la presentación de los presupuestos. Ha jugado con el presente y el futuro de Castilla y León", ha señalado la procuradora socialista. Por su parte, la popular Rosa Esteban ha asegurado que las transferencias "no se comunicaron de forma oficial" y que existe "una diferencia entre las entregas a cuenta comunicadas y las efectivamente ingresadas".

Carriedo pide "una reforma a fondo del sistema de financiación autonómica"

El titular de Economía y Hacienda ha insistido en la necesidad de "impulsar de forma inmediata" una "reforma a fondo" del sistema de financiación autonómica y ha asegurado que el sistema vigente "ha quedado desfasado y, especialmente para Castilla y León, muestra una infrafinanciación derivada de razones demográficas y territoriales".

Carriedo ha recordado ue el Consejo de Cuentas estima que la Comunidad tiene una "infrafinanciación acumulada de 5.137 millones de euros" en los recursos liquidados del sistema de financiación autonómica durante la vigencia del actual modelo, que "en la práctica supone que un seis por ciento de promedio de gasto social no esté cubierto por el sistema".