El próximo lunes 26 de febrero, la Audiencia Provincial de Valladolid celebrará por fin (o así se espera) el macrojuicio por el caso ‘Perla Negra’, o lo que es lo mismo, el juicio por el edificio que la Consejería de Economía compró en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y donde se intuyen delitos de prevaricación, cohecho, revelación y violación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración, delitos que se habrían cometido entre 2005 y 2011.

Un edificio que tenía una previsión de coste de 50 millones y por el que finalmente se pagó casi 70 millones de euros. ¿Dónde fue ese dinero? Pues eso es lo que pretende aclarar este macrojuicio que contará con toda la expectación mediática en las próximas semanas.

El juicio tendrá lugar en la sala de vistas de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial del Palacio de Justicia de Valladolid los días 26, 27 y 28 de febrero; 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 y 18 de marzo; 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 22, 24, 25, 29 y 30 de abril; y 6, 7 y 8 de mayo a las 10:00 horas. En total 26 sesiones. Aunque con este caso nunca se sabe, porque ha sufrido múltiples parones. El último casi hace dos años cuando se paralizó porque las partes no tenían toda la documentación al completo. Es decir, casi cuatro meses de sesiones intensas después de más de 10 años de fase de instrucción.

Lo que se investiga

En la 'Perla Negra' se investigan delitos relacionados con la compra del referido inmueble y de terrenos para el fallido polígono de Portillo, en el que figuran imputadas doce personas, entre ellos la entonces cúpula de la Consejería de Economía integrada por los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y el ex consejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán. Los hechos vienen referidos al arrendamiento y posterior compra de un edificio sito en la calle Jacinto Benavente no 2 de Arroyo de La Encomienda (Valladolid), y la adquisición de terrenos en el término municipal de Portillo (Valladolid), destinados a la implantación de un polígono industrial en esa zona.

Según fiscalía, estas operaciones fueron realizadas por parte de una empresa pública de la Comunidad de Castilla y León y propiciados desde la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo, de la Junta de Castilla y León, cuando era titular de la misma el fallecido Tomás Villanueva Rodríguez. Así, fueron varias las mercantiles que se vieron favorecidas como URBAN Proyecta PM3 S. L., y Parque Empresarial de Portillo S. L., a través de sociedades de participación pública de la Junta de Castilla y León, Gesturcal SA y a partir del año 2008 Ade Parques Tecnológicos de Castilla y León S.A.

Así será el juicio

La previsión es que las cuestiones previas ocupen los tres primeros días de juicio. Posteriormente, comparecerán los 90 testigos y peritos, cerca de 20, propuestos por las diferentes partes, comenzando por las acusaciones y terminando por las defensas. Tras ellos, previsiblemente a partir del 11 de abril, tendrán lugar las declaraciones de los 12 acusados. Después, se desarrollarán las pruebas documentales, las conclusiones definitivas, los informes de las partes y la última palabra de los acusados.

Los primeros que se someterán al interrogatorio serán Rafael Delgado y Begoña Hernández, ex viceconsejeros de Economía, para posteriormente ir desfilando el resto de los acusados: Juan Carlos Sacristán, Francisco Armero, Alberto Esgueva, Salvador Molina, Germán Martín, Ángel Montes López, Luis Antonio Recio, Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez Herrero y Carlos González Maestro. Entre los testigos del juicio estarán el expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera y la ex consejera de Hacienda Pilar del Olmo.

Las peticiones de cárcel oscilan entre los 79 en su conjunto que pide Fiscalía para los doce imputados, los 221 interesados por el Partido Socialista de Castilla y León, como acusación popular, y los 20 años que globalmente pide la Junta, en calidad de acusación particular, para ocho de los encausados.

Por su parte, en el caso de la Fiscalía, las penas más elevadas se solicitan para la entonces cúpula de la Consejería de Economía integrada por los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y el ex consejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, a razón de 11 años de privación de libertad para cada uno de ellos. La acusación popular que es realizada por el PSOE reclama 34 años.