El juicio de la Perla Negra da un paso más adelante después de su suspensión el pasado 14 de marzo. El caso donde se juzga la mayor trama de corrupción por el arrendamiento y, posterior compra de un edificio de Arroyo de La Encomienda (Valladolid), y la adquisición de terrenos en Portillo (Valladolid), se vuelve a poner en marcha después de ser aplazado el mismo día que comenzó.

Ahora, el Juzgado de Instrucción número 2 ha enviado de nuevo la diligencia de Ordenación en el que se concede a todas las partes implicadas un plazo de 10 días para presentar los escritos de defensa para poder reanudar la causa. En el caso de muchas partes, estos escritos ya los habían presentado durante 2020, pero la suspensión por no estar toda la documentación completa el pasado mes de marzo (faltaba un CD con mucha información sobre el caso) provocó la vuelta a Instrucción y el envío de nuevo de pruebas.

Después de que la secretaria judicial haya revisado todas las pruebas, se ha ido poniendo la documentación a disposición de las partes. Una vez en su poder, pueden presentar un nuevo escrito de defensa o bien reiterar el mismo con alguna modificación. Sin embargo, se vuelven a repetir errores del pasado, ya que una parte implicada en la causa, el abogado José Fernández, defensor de Juan Carlos Sacristán, reconoce a El Español Noticias de Castilla y León que en una prueba entregada, en concreto la contabilidad de Gestucar, el archivo informático no se lee porque viene cifrado. “Se necesita un programa informático especial que tiene la Policía, lo seguiremos intentando pero de momento no hemos sido capaces de hacerlo y veo que podemos seguir en las mismas”, lamenta el letrado Fernández.

De esta manera, una vez realizado de nuevo el trabajo por parte de la secretaria y que se hayan corregido todos los errores que había en la Instrucción, se ha dado traslado a las partes para presentar sus escritos de defensa, una vez hecho, se elevará de nuevo la causa a la Audiencia Provincia que será la que de el OK definitivo o vuelva a encontrar errores. Si es todo correcto, a la vista de los escritos, se buscará fecha para el juicio. Según los cálculos, hasta finales de octubre noviembre no se tendría una fecha para juicio, y salvo sorpresa, la agenda de la Audiencia ya está completa para este año, habría que buscar hueco para esas 23 sesiones fijadas para después de Navidad.

El escrito de dos apenas dos páginas, y al que ha tenido acceso este periódico, indica que "la defensa que no presente su escrito en el plazo señalado, se entenderá que se opone a las acusaciones, siguiendo el procedimiento su curso, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrirse". Contra esta diligencia cabe recurso de reposición ante el propio juzgado en el plazo de tres días desde el pasado lunes 12., fecha que es cuando las partes han recibido la notificación

Qué se juzga

Hay que recordar que en este caso intuyen delitos de prevaricación, cohecho, revelación y violación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración, delitos que se habrían cometido entre 2005 y 2011.

Un edificio que tenía una previsión de coste de 50 millones y por el que finalmente se pagó casi 70 millones de euros. En la 'Perla Negra' se investigan delitos relacionados con la compra del referido inmueble y de terrenos para el fallido polígono de Portillo, en el que figuran imputadas doce personas, entre ellos la entonces cúpula de la Consejería de Economía integrada por los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y el exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán.

Según fiscalía, estas operaciones fueron realizadas por parte de una empresa pública de la Comunidad de Castilla y León y propiciados desde la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo, de la Junta de Castilla y León, cuando era titular de la misma el fallecido Tomás Villanueva Rodríguez. Así, fueron varias las mercantiles que se vieron favorecidas como URBAN Proyecta PM3 S. L., y Parque Empresarial de Portillo S. L., a través de sociedades de participación pública de la Junta de Castilla y León, Gesturcal SA y a partir del año 2008 Ade Parques Tecnológicos de Castilla y León S.A.