Durante el año 2023, en Castilla y León se registraron un total de 517 reclamaciones presentadas por los ciudadanos ante la falta de transparencia de las administraciones, tanto autonómicas como locales y otras entidades de carácter público. Así lo registra la Comisión de Transparencia de la Comunidad, adscrita al Procurador del Común, en su octavo año de funcionamiento.

Del total, 64 fueron presentadas por cargos representativos locales, siendo 50 presentadas por concejales de ayuntamientos y 14 por vocales de juntas vecinales. Respecto a otros colectivos, destacan, en un número inferior, las presentadas por los representantes de los empleados públicos, periodistas y asociaciones ecologistas.

Tres de cada cinco reclamaciones fueron presentadas en la sede electrónica del Comisionado. 271 del total tuvieron su origen en la falta de acceso a la información solicitada a entidades locales. De ellas, 219 fueron presentadas frente a consistorios, 34 frente a entidades locales menores y 18 frente a diputaciones provinciales.

Por otro lado, 202 reclamaciones corresponden a las presentadas frente a las consejerías de la Junta de Castilla y León y 13 frente a entidades pertenecientes al sector público institucional de carácter regional. Finalmente, 21 corresponden a la falta de acceso a la información de las universidades públicas autonómicas.

La mayor parte de las reclamaciones, concretamente 397, refieren a la falta de respuesta a la petición de información realizada. Por su parte, 120 fueron frente a denegaciones expresas de información que se basaban en algunos de los siguientes motivos: la necesidad de llevar a cabo una acción de reelaboración para proporcionar la información solicitada; la protección de datos personales; que la solicitud era manifiestamente repetitiva o de carácter abusivo; que la información se encontraba en curso de elaboración o de publicación general; y la falta de disposición de la información pedida por la entidad a la que se dirigía la solicitud.

La temática más frecuente en cuanto a las denegaciones corresponden a materias relacionadas con el empleo público, contratación, protección del medio ambiente, urbanismo y obras públicas. Durante el año mencionado, la Comisión de Transparencia ha dictado resolución en 497 de los casos, de las cuales 343 se dirigieron a las entidades integradas en la Administración local o su sector público, mientras que 140 corresponden a la Administración regional.

En 322 de los casos fueron estimadas las peticiones ciudadanas de acceso a toda o a parte de la información pedida. Dichas resoluciones, cabe recordar, han de cumplirse. En 126 de los casos, tras la intervención de la Comisión, las Administraciones públicas han proporcionado la información solicitada sin que la Comisión tuviera que reconocer de manera expresa el derecho del solicitante.

En 11 resoluciones, la Comisión de Transparencia ha confirmado la legalidad de la denegación.