Este jueves han entrado en funcionamiento las oficinas de información antiocupación en las nueve provincias de Castilla y León. Una iniciativa que arranca su andadura tras el convenio de colaboración firmado el pasado 19 de mayo entre la Junta de Castilla y León y las Cámaras de la Propiedad Urbana. 

La función principal de estas oficinas es prestar información especializada en materia de ocupación ilegal de viviendas, así como facilitar asesoramiento, ya no solo en cuanto a prevención, sino también en lo referente a la actuación inmediata y a las actuaciones posteriores en los casos de ocupaciones ilegales en curso. 

Dicha información también se encuentra disponible en la web del gobierno autonómico y en el servicio de Atención al Ciudadano 012, desde donde ya se están derivando las consultas a las sedes situadas en las Cámaras de la Propiedad. 

Además, también está previsto que el personal encargado de prestar asesoramiento tenga la posibilidad de poner en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la existencia de un delito de usurpación o de persecución pública que detecte, siempre y cuando se determine una situación de indefensión o dificultades para acceder a las autoridades por parte de la persona demandante del servicio.

Este mismo jueves, la directora general de Vivienda de la Junta, María Pardo, ha visitado la oficina de León donde ha asegurado que la puesta en marcha de estas oficinas pretende cumplir con el deber que corresponde a los poderes públicos de garantizar el legítimo ejercicio del derecho a la propiedad privada y protegerlo frente al fenómeno de la ocupación, y también velar por derechos civiles como las buenas relaciones de vecindad, entre otros.