Carriedo en el Consejo de Gobierno celebrado hoy

Carriedo en el Consejo de Gobierno celebrado hoy

Región

La Junta llevará a la “mesa de negociación” la actualización del pago del kilometraje para los funcionarios

Carriedo señala que quieren escuchar si los empleados públicos “estiman oportuno que la compensación sea la misma que la de los empleados de la Administración del Estado”

31 marzo, 2022 15:08

Noticias relacionadas

La Junta de Castilla y León llevará a la “mesa de negociación competente” la actualización del pago del kilometraje para los empleados públicos, dada su predisposición para realizarla, como anunció ayer CSIF, pero sin desvelar aún en qué medida.

Así lo hizo saber, tras el Consejo de Gobierno de hoy, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en declaraciones recogidas por Ical, señalando que la actualización del precio por el kilometraje realizado con vehículos privados de los trabajadores públicos es algo que están “estudiando” y que, cuando se llegue a una conclusión, se informará a los medios.

“Somos conscientes del impacto sobre las familias y el conjunto de los empleados públicos de la inflación”, explicó Carriedo, dado que esa situación está llevando a una pérdida de poder adquisitivo sobre la que la Junta quiere “reflexionar” con dichos empleados para “compensar ese impacto de la crisis” en las competencias de ámbito autonómico.

A la mesa de negociación

Por tanto, anunció que llevarán a la “mesa de negociación competente” el diálogo “en el ámbito que corresponde” para conocer la posición de los empleados públicos de la Comunidad y “si estiman oportuno que la compensación sea la misma que la de los empleados de la Administración del Estado”.

No obstante, recordó Carriedo que el acuerdo “depende de dos partes, no solo de una”, y que por ello solo puede adelantar la voluntad de la Junta de “conocer la posición” de los empleados públicos e intentar llegar a un acuerdo porque “preocupa la inflación, que ha crecido mucho, mientras las retribuciones solo han crecido un dos por ciento”, lo que lleva, en términos relativos, a una pérdida del poder adquisitivo del ocho por ciento, “mayor que cuando la bajada en 2010 fue del cinco por ciento”.