La demora en la celebración de la sesión de investidura de Alfonso Fernández Mañueco, aun sin fecha, retrasa previsiblemente el primer pleno de designación de los senadores por la Comunidad de Castilla y León, al igual que la constitución de las comisiones parlamentarias que se adecúan a la estructura del Gobierno autonómico.

El Reglamento de las Cortes no señala una fecha para la convocatoria de la sesión de investidura una vez que se ha cumplido el trámite de proponer un candidato a la Presidencia de la Junta, como ocurre en este momento, pero la Ley que regula el procedimiento de designación de senadores representantes de la Comunidad de Castilla y León si lo hace. Es de un máximo de treinta días contados a partir de la fecha de constitución de la nueva Cámara.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Ical, este plazo se incumplirá, previsiblemente, ya que, aunque no existe una vinculación directa con la investidura, tampoco sería normal convocar antes el pleno para designar a los senadores, cuando se esta pendiente de investir al candidato.

En tal sentido, sostienen estas fuentes que no pasaría nada, de hecho no existen sanciones, por superar ese plazo e incluso observan que la representación de la Comunidad en el Senado no se ve afectada porque el mandato de los actuales no finaliza hasta la elección por el Pleno de aquéllos que deban sustituirlos o renovarlos.

"Faltan flecos"

Si en este momento se argumenta, por parte de Vox, que el pleno de investidura se convocará cuando esté cerrado el acuerdo de gobierno, sobre el que “faltan flecos”, en el calificativo empleado por el PP, la designación de los senadores por la Comunidad también requiere de consenso, pues la votación de los propuestos es en bloque y por mayoría absoluta en la primera vuelta.

Los senadores serán designados en proporción al número de miembros de los grupos representados en las Cortes de Castilla y León. En este momento, de tres escaños, dos corresponden al PSOE, que ganó las elecciones en mayo de 2019, y uno al PP. Ahora, será al revés porque fueron los ‘populares’ quienes vencedores el pasado 13 de febrero.

Además, sin investidura, tampoco echa a andar la actividad ordinaria de la Cámara como es la constitución de las comisiones permanentes legislativas (de Estatuto y las que coincidan con la estructura orgánica de la Junta) y no legislativas (de Reglamento y de Procuradores). El Reglamento marca que deberán constituirse dentro de los veinte días siguientes a la sesión constitutiva de las Cortes.

Entre sus funciones, están las de conocer los proyectos, proposiciones o asuntos que les encomiende, pedir información o documentación que precisen a la Junta o pedir la comparecencia de miembros del Ejecutivo o de otras personas competentes en asuntos objeto de debate.