Como si se hubiera tratado del viaje del Titanic, la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, tanto social como económica, ha afectado de manera diferente a unas personas y a otras. “Los que viajaban en primera tuvieron chalecos de sobra para salvar sus vidas, mientras que los que lo hacían en segunda o tercera lo tuvieron más complicado”. Así lo ha explicado Thomas Frederic Ubrich, miembro del Equipo de Estudios de Cáritas Española y del Comité técnico de la Fundación Foessa durante la presentación del ‘Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Castilla y León’. Un documento que desvela que uno de cada seis castellanos y leoneses está en situación de exclusión tras la pandemia afectando a 426.000 personas.

En el acto, que ha tenido lugar en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez de Valladolid, han intervenido también Jesús Fernández González, obispo de la diócesis de Astorga y obispo encargado de Cáritas Española, así como Antonio Jesús Martín de Lera, presidente de Cáritas Autonómica de Castilla y León.

El estudio deja claro también que esa exclusión alcanza el grado de severa en 225.000 personas, aumentando un 54% respecto a 2018. Estos datos, además, son más que preocupantes, puesto que, como subrayó Ubrich, “cuando las crisis terminan y se pasa a etapas de bonanza económica las personas afectadas por esta situación no salen de ella y se mantienen excluidos”.

A pesar de todo, Castilla y León es una de las Comunidades a las que ha afectado menos la crisis ya que, si en 2018, seis de cada diez hogares se encontraban en esta situación, ahora algo menos de la mitad de los hogares, un 49.7% participan con total normalidad en la sociedad. En cuanto a la evolución de dicha exclusión, Foessa constata un crecimiento en el eje económico, donde se ha incrementado un 58%, frente al 38% del conjunto de España. Sin embargo, el mayor crecimiento se produce en el eje relacional, donde las situaciones de exclusión aumentan un 105%, pasando de un 4.4% a un 9%.

Las brechas de la exclusión

Por exclusión social hay que tener claro que se refiere a la falta de participación de segmentos de la población en la vida cultural, económica y social de sus respectivas sociedades debido a la carencia de los derechos, recursos y capacidades básicas.

Todas estas carencias cuentan con una distribución desigual, generan un mayor impacto sobre unas personas que sobre otras. Además, el análisis que se ha realizado encuentra dos brechas que siguen activas el género y la nacionalidad de origen.

La crisis de la Covid está feminizando aún más el espacio de exclusión en Castilla y León. La exclusión social en los hogares encabezados por mujeres ha pasado del 17% en 2018 al 25% en 2021, un incremento que multiplica por 2,5 el registrado durante el mismo periodo en el caso de los hombres (que pasaron del 12% al 15%).

El país de origen también constituye un rasgo diferencial en el caso de las brechas de exclusión ya que más de la mitad de los hogares encabezados por una persona de origen extranjero se encuentran en situación de exclusión, esto significa 3,5 veces mayor que en los hogares encabezados por alguien de nacionalidad española, lo que dibuja una nueva línea de profundidad en la sociedad fracturada.

Pero en esta ocasión aparece una tercera brecha que es el aumento de la tasa de exclusión entre las personas más jóvenes. Uno de cada cuatro jóvenes menores de 30 años está afectado por procesos de exclusión social, un riesgo muy importante ya que genera un segmento de la población sin empleo o con trabajos temporales y precarios, que imposibilitan la emancipación, el sustento de una vida independiente o la creación de una familia.

La brecha digital

Otro aspecto que empieza a ser importante es de la brecha digital. Las medidas de distanciamiento social durante la pandemia provocaron el uso de dispositivos tecnológicos para mantener el contacto. En este caso la ausencia de estos dispositivos, de conexión o de habilidades para el manejo de Internet afecta ya a tres de cada diez hogares en Castilla y León (31%), incrementándose hasta el 42% en el caso de los hogares que están en situación de exclusión grave.

Sin estas herramientas se produce una pérdida de oportunidades laborales, formativas, de relaciones o de acceso a derechos como ayudas y prestaciones sociales y que nuevamente afecta a quien más necesita de esas oportunidades: la población en situación de exclusión pierde seis veces más oportunidades por apagón digital que la población integrada.

Y otros tres factores que determinan esta situación entre la población son el empleo, la vivienda y la salud. En el informe se destaca, sin tener aún en cuenta la reforma laboral, que los trabajos, en tiempo de pandemia, se han caracterizado por la precariedad, que se ha duplicado y alcanza a más de 79.000 hogares (un 11% del total) que dependen económicamente de una persona que sufre inestabilidad laboral grave.

Asimismo, más de 70.000 hogares (7%) sufre falta de acceso a medicamentos o tratamientos sanitarios por problemas económicos, esta realidad se dispara entre los hogares en situación de exclusión, afectando a cuatro de cada diez de estos. Mientras, en el ámbito de la vivienda, el principal problema surge ante la dificultad en su pago. La mezcla entre altos precios y bajos o inestables ingresos hacen que más de 120.000 familias, una vez realizado el pago del alquiler o la hipoteca, queden en situación de pobreza grave.

Posibles soluciones

Foessa considera que para mejorar esta situación en la Comunidad es importante perfeccionar el sistema de protección social. Por ello abogan por mantener estables para el futuro las medidas provisionales tomadas en el caso de la salud, la vivienda o la protección social, adaptándolos a los distintos periodos de estabilidad económica.

También piden que se mejore la cobertura del Ingreso Mínimo Vital, ya que supone un notable avance social, además de reclamar un Estado de bienestar que dé acceso a los derechos de todas las personas, empezando por los más vulnerables.

Ubrich también hizo hincapié en que “es urgente implementar medidas que reduzcan la hiperflexibilidad laboral”, además de “complementar los salarios escasos con otras medidas redistributivas, a modo de estímulos al empleo”.

Para garantizar la igualdad y evitar la exclusión social, es preciso incrementar la inversión en atención sanitaria, para mejorar la calidad y atender específicamente la salud mental. Una salud mental que ha vuelto a sufrir un gran impacto con la pandemia.

No olvidan tampoco la necesidad de “establecer un plan contra la exclusión residencial”. Casi dos de cada diez familias castellanas y leonesas residen en viviendas inadecuadas y una cuarta parte sufren problemas de inestabilidad residencial. Más de 119.000 hogares no tuvieron dinero suficiente, para el pago de los gastos relacionados con la vivienda.

Por último, el responsable de Foessa, quiso dejar muy claro que, frente a esta realidad, “la gran mayoría de las familias afectadas no se quedan bloqueados o pasivos ya que en ocho de cada diez casos su activación es fuerte para salir de la situación”. Por eso recalcó que “es falso que las ayudas sociales provoquen desmotivación”.