La Junta de Castilla y León se guardaba un conejo en la chistera, o eso es lo que parece cuando el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, ha asegurado hoy en el pleno de las Cortes que el artículo 32.2 (punto F) del Estatuto de Autonomía de Castilla y León recoge que “la exención de toda obligación de garantía o caución ante cualquier organismo administrativo o tribunal jurisdiccional”. Es decir, que la Junta no tendrá que hacer frente a los más de 24 millones exigidos por el juzgado que lleva el caso de las eólicas como fianza, tal y como ha preguntado la viceportavoz socialista Patricia Gómez.

Ante esta situación, Ibañez ha mandado al grupo socialista a “volver a la escuela” y aprender la “norma básica de Castilla y León”. Y ha afirmado que estamos “ante la metedura de pata más grande de la historia de las Cortes”, respondiendo a la viceportavoz, a la socialista Ana Sánchez y al “miniSánchez”, en referencia Luis Tudanca. “Se les debería “caer la cara de vergüenza” por desconocer la norma básica y por “mentir” a todos los castellanos y leoneses.

Anteriormente, y antes de saber esta circunstancia, Patricia Gómez había criticado que la Junta “había manchando las instituciones y privando de oportunidades a su población. “No hay dinero para la gratuidad de libros de texto, para las ayudas a empresarios o para los comedores escolares, pero tendrá que abonar los 24 millones impuestos a la Junta”.

Ibáñez ha zanjado el tema con un “Quien no conoce la norma básica, no está legitimado poder defender a Castilla y León”.

Petición de dimisión de Isabel Blanco

Por otro lado, y en otra de las preguntas del Pleno, el Grupo Parlamentario Socialista, a través de la procuradora Nuria Rubio, ha pedido la dimisión de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, Isabel Blanco, por sus “irresponsables y clasistas afirmaciones” al señalar que el 95% de las personas a las que se concedía el Ingreso Mínimo Vital y el complemento de la Renta Garantizada de Ciudadanía “había abandonado la búsqueda de empleo y rechazado ofertas laborales”.

Respondió la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades que sus afirmaciones en la presentación de los presupuestos de su Consejería estaban respaldadas por “datos” dado que “es la realidad” y que, por ello, desde la Junta trabajan con el Diálogo Social para “mejorar la Renta Garantizada de Ciudadanía vinculándola a la inserción laboral”, porque el Ingreso Mínimo Vital “no requiere de un proyecto individualizado de inserción laboral”.