El Gobierno de España recurría a primera hora de este domingo el toque de queda de Castilla y León que limita la movilidad desde las 20.00 horas en todo su territorio. El Ejecutivo de Pedro Sánchez consideraba que la medida tomada por la Comunidad vulnera la regulación contenida en el Estado de Alarma y por ello ha solicitado a la Abogacía General del Estado que interponga un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.

La Junta de Castilla y León no ha tardado en reaccionar y responder a las acciones que legales que se plantean desde el Ministerio de Sanidad. El gobierno autónomico defiende sus nuevas restricciones en base a que la situación epidemiológica y sanitaria es de "extrema gravedad" en Castilla y León y en el conjunto de España. "La incidencia acumulada se ha multiplicado por cinco desde el 1 de enero y el número de ingresados por Covid-19 se ha duplicado en los hospitales de la comunidad", añaden.

El gobierno liderado por Mañueco lamenta que el Gobierno de España "trate de obstaculizar" con su recurso la acción de la Junta de Castilla y León, que tiene como "único objetivo proteger la vida y la salud de las personas y reducir lo más posible el daño a la economía".

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Una vez más, la Junta de Castilla y León defiende la legalidad del toque de queda a las 20 horas, en base a que, "en que en el momento en que se autoriza la prórroga del estado de alarma, se acuerda la modificación, por un lado, de los artículos 9 y 10 del Real Decreto, incluyendo en la regulación de la eficacia de las limitaciones, su posible modulación, flexibilización y suspensión, y por otro lado, la pérdida de la eficacia de lo expuesto en el artículo 5 cuando la autoridad delegada ejerza dichas facultades, al contemplar su disposición transitoria única sobre la 'Eficacia de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno' expresamente lo siguiente: La medida prevista en el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, conservará su eficacia, en los términos previstos con anterioridad al comienzo de la prórroga autorizada, en tanto que la autoridad competente delegada que corresponda no determine, de acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, su modulación, flexibilización o suspensión”.

Es por esto que la Junta asegurá que deberá ser el Tribunal Supremo, en su caso, quien determine si el presidente de la Junta de Castilla y León, como autoridad delegada, tiene la facultad o no de modular el toque de queda para hacer frente a la pandemia.

En un enérgico comunicado, el órgano de Castilla y León reclama de nuevo al Gobierno de España instrumentos jurídicos seguros, "si es que discute los existentes", que permitan a las comunidades actuar con rapidez para doblegar la curva de contagios y salvar vidas. "Es imprescindible que el Ejecutivo central ejerza ya su liderazgo y la coordinación con las autonomías", matiza.

Y, finalmente, la Junta de Castilla y León avisa que el toque de queda a las 20.00 horas sigue vigente en tanto no quede sin efecto por los medios establecidos en la Ley, a la vez que insiste "encarecidamente" a todas las personas de Castilla y León que reduzcan al máximo su movilidad y contactos sociales, con el fin de frenar esta grave tercera ola de la pandemia.