El colectivo de agentes medioambientales de Castilla y León ha reclamado hoy a la Junta cambios normativos para contar con medios de protección, armas incluidas, con las que defenderse de posibles agresiones y que la Administración regional afronte los gastos de su asistencia jurídica, no solo de defensa sino en aquellos casos en los que decidan personarse como acusación particular.

Tales reivindicaciones las ha trasladado el colectivo al Comité Intercentros de Seguridad y Salud Laboral reunido esta mañana y, al mismo tiempo, a pie de calle mediante la celebración de sendas concentraciones, una de ellas protagonizada, en unidad de acción, por UGT, CCOO y CSIF ante una puerta de la sede de la Presidencia de la Junta sita en el Paseo de Zorrilla y la otra desarrollada por USCAL, que ha preferido hacerlo en solitario ante la puerta principal del mismo edificio administrativo.

Las movilizaciones, en las que de forma global han participado cerca de 140 personas, tenían por objeto solidarizarse con el compañero de Valmala (Burgos) cuya vivienda fue tiroteada el pasado día 15 de septiembre y a la vez denunciar la situación de indefensión en la que trabaja el colectivo.

Entre los concentrados, el sindicalista de UGT Ricardo Vallecillo, en declaraciones a Europa Press, ha exigido a la Junta cobertura jurídica de los agentes no solo de defensa sino también para que éstos puedan personarse como acusación particular--tal circunstancia no está regulada--y, en el caso del afectado, que la Administración autonómica cubra los gastos de ayuda psicológica u otros que pudiera precisar.

"Necesitamos cambios normativos para que, entre otras cuestiones, a los agentes medioambientales se les reconozca también la condición de agentes de la autoridad no solo de uniforme sino sin él, como ocurre con los agentes de la Guardia Civil, pues el compañero cuya casa fue tiroteada se encontraba fuera de servicio cuando ocurrieron los hechos", ha recordado el representante de UGT.

Expuestos a "desalmados"

Vallecillo advierte de que los agentes medioambientales se encuentran expuestos a un enorme peligro de sufrir un atentado al tener que enfrentarse en ocasiones a personas armadas y "desalmados", "y por ello es necesario acometer cambios que supongan un respaldo a un colectivo que se encuentra distribuido por el territorio y al alcance de cualquier agresión dentro y fuera del trabajo".

En el caso del compañero que recibió el pasado día 15 de septiembre varios disparos en una ventana de su vivienda en Valmala, el sindicalista apunta la posibilidad de que los hechos guarden relación con la denuncia interpuesta hace unos meses por una infracción a la Ley de Incendios por realizar unas quemas de rastrojos.

Por su parte, Marcelino Arribas, de CSIF, al igual que el anterior, califica de "gravísimo" lo ocurrido en Burgos, considera "ineficaz" el protocolo de seguridad de la Junta y reclama a ésta medios para poder defenderse, armas incluidas, aunque ello, matiza, dependería de lo que determinase ese experto en seguridad que los agentes medioambientales reclaman para recibir asesoramiento en la materia y que rechaza la Administración regional.

En la misma línea, Ricardo Fernández García, agente medioambiental de El Bierzo, ha mostrado su honda preocupación y sensación de inseguridad que afronta a diario en su puesto de trabajo cuando se ve obligado a intervenir en aquellos casos en los que se infringe la ley. "¡Nos sentimos indefensos porque el respeto que se nos tendría que tener no está reconocido en la normativa!", ha sentenciado.

Sendas movilizaciones se han desarrollado sin incidentes. La concentración de UGT, CCOO y CSIF ante la puerta del edificio de Presidencia situada en el Paseo de Zorrilla se ha convertido luego en una manifestación alrededor de la rotonda allí situada, con lo que en distintos momentos ha sido preciso cortar el tráfico en dicho punto.