La Policía Nacional vincula a los ciudadanos de origen búlgaro Anatoli K.A. y Venelin R.V, a quienes se responsabiliza del clonado de tarjetas a partir de un cajero automático de Medina de Rioseco (Valladolid) que luego, presuntamente, usaron para extraer dinero en otros dispensadores, con un grupo organizado con ramificaciones en EEUU, Perú y Honduras, donde también se cometieron delitos de este tipo.

Así lo ha subrayado el jefe de la brigada de Madrid especializada en esta modalidad delincuencial durante la primera jornada del juicio iniciado en la Audiencia de Valladolid contra ambos acusados, a los que se imputa el clonado de tarjetas y el uso de las mismas con las que, presuntamente, habrían realizado reintegros por importe global de 3.500 euros en distintos cajeros de la geografía nacional.

En su declaración por videoconferencia, el agente ha explicado que el clonado de tarjetas explotó con virulencia entre los años 2016 y 2018, con una reducción de casi el 90 por ciento de esta modalidad delictiva en la actualidad, y ha subrayado que nunca hasta entonces habían encontrado tanto material incriminatorio como el hallado en las viviendas de Anatoli y Venelin, en el primer inmueble, en Alcorcón (Madrid), multitud de artilugios para la duplicación y cámaras de vídeo y en el del segundo gran cantidad de plásticos con su PIN ya preparados para la extracción de dinero en cajeros.

Aunque el juicio quedará este martes visto para sentencia, los dos encausados han rechazado cualquier implicación en la trama y han coincidido al culpar de los hechos a un tal Ivan K, de quien aseguran que ocupaba en régimen de alquiler una habitación en la vivienda que Anatoli K.A. ocupaba en Alcorcón (Madrid).

De esta forma, los dos procesados, expuestos cada uno a una posible condena de siete años de cárcel por delito continuado de estafa en concurso ideal con otro de falsificación de tarjetas de crédito, han justificado el arsenal de artilugios para el clonado de 'plásticos' bancarios que la policía halló en ambos inmuebles.

"Quiero declarar que no soy culpable", se ha apresurado a advertir al inicio del interrogatorio Venelin R.V. en declaraciones recogidas por Europa Press, mientras que su compañero de banquillo, Anatoli K.A, ha sostenido que jamás ha utilizado tarjetas bancarias ajenas y ha recordado que las únicas que le ocupó la policía eran dos que iban a su nombre.

Al margen de la declaración de los dos presuntos responsables, la primera jornada ha servido también para que cada uno de los titulares de las tarjetas utilizadas ilegalmente, hasta una decena, ratificara la denuncia interpuesta en 2017 ante la Guardia Civil tras descubrir, en unos casos en persona al actualizar la cartilla y en otros avisados por el propio banco, que alguien había realizado reintegros en su nombre en distintas partes de España.

Los reintegros oscilaban entre los 150, los 300 y, en el peor de los casos, los 600 euros realizados en cajeros del Banco Popular en Rioseco, Medina del Campo y Salamanca y del Santander en Monforte de Lemos (Madrid) y Valmojado (Toledo), si bien en todos los casos las referidas entidades devolvieron tales cantidades a los titulares de las cuentas.

Clonaban y sacaban dinero 

También ha testificado por videoconferencia el que fuera jefe de grupo de la Policía Judicial de la Comisaría de Plasencia, localidad extremeña donde 'saltó la liebre' al recibirse en abril de 2017 distintos denuncias de víctimas del clonado de tarjetas bancarias.

Las imágenes obtenidas en los cajeros, en las que se veía a dos varones, fueron remitidas a Madrid a los grupos especializados en este tipo de estafas y se logró la plena identificación de los dos acusados.

"La conclusión es que los dos se encargaban del clonado de las tarjetas, mediante la instalación de 'skimmers' en los cajeros que copian la banda magnética y extraen el PIN, y luego viajaban por distintas partes de España para sacar dinero", ha resumido el funcionario policial.

Además de las penas privativas de libertad de siete años para cada uno de los encausados, el fiscal del caso solicita que ambos, de forma conjunta y solidaria, indemnicen a las dos entidades perjudicadas, Banco Popular y Santander, con cantidades que globalmente suman 3.500 euros.