El Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid ha acordado el sobreseimiento de las diligencias abiertas contra once de los treinta investigados por el denominado 'Caso de la Perla Negra', entre ellos respecto del actual delegado de la Junta en Valladolid Pablo Trillo Figueroa.

La resolución judicial, a la que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, afecta, en su mayoría, a ex altos directivos de Gesturcal o exmiembros de su Consejo de Administración que intervinieron en el alquiler y posterior compra del Edificio de Soluciones Empresariales, también conocido como 'La Perla Negra', situado en Arroyo de la Encomienda.

En su auto, el juez instructor extiende el sobreseimiento provisional, amén respecto de la persona de Pablo Trillo, a Abdón Dueñas, Andrés Álvarez Viñuela, Benedicto González Vereda, Efrén Luciano Martínez, José Armando Baeta Canales, Carlos Martín Tobalina--actual director general de Industria y Competitividad--, José Manuel Jiménez Blázquez, Javier Rodríguez Segovia, Francisco Javier de Andrés Guijarro y Fernando Mínguez Beltrán.

La decisión del instructor, que es recurrible en reforma y apelación, contaba con el apoyo de la Fiscalía de Valladolid en cuanto a la persona de Abdón Dueñas, mientras que en el caso de los otros afectados, ahora apartados de la causa, la acusación pública había instado al juez a que no tomara la misma resolución hasta al menos concluir una serie de diligencias que ya fueron practicadas el pasado mes de febrero.

Como razonamiento, el juez César Gil Margareto recuerda que ya en su momento advirtió de que el procedimiento "se va alargando en exceso y no obstante las diligencias practicadas ya permitían vislumbrar una serie de indicios que permitían distinguir sobre la diversa participación de unos y otros de los implicados".

Por ello, una vez practicadas las declaraciones acordadas y recibida documentación para cuyos análisis se ha dado un plazo razonable, "procede ya el sobreseimiento frente a aquellos investigados que si bien fueron llamados al procedimiento por su relación con las resoluciones y actuaciones administrativas cuestionadas e investigadas, y por lo tanto debían ser escuchados como investigados para mayor garantía de sus derechos, se ha podido concluir con la falta de responsabilidad, al menos criminal, en los hechos investigados".

Sin relación ni poder decisorio

El sobreseimiento afecta, como así apostilla, a una serie de investigados "que a la postre se ha advertido que o tienen una relación casi nula con los hechos o no tenían poder decisorio o de actuación sobre los mismos, al margen de su posición en un organismo colegiado que bien poco puede analizar las circunstancias que llevaron a su intervención o que no tuvo otra intervención que la de conocer las actuaciones realizadas a posteriori".

"En algunos casos, además estamos ante personas que, como la investigación desvela, fueron las únicas que parece pusieron algún obstáculo o "pero" a la actuación, en clara alusión, entre ellos, al actual delegado territorial de la Junta, Pablo Trillo.

No obstante, el instructor apunta que "ello no quiere decir que existan indicios para la imputación de los restantes investigados no incluidos en esta resolución; simplemente se trata de un descarte de aquellas personas que claramente no tienen responsabilidad criminal en los hechos, sin perjuicio de que un análisis posterior tras la finalización de las investigaciones permita nuevos descartes o sobreseimientos".