El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha negado que la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que anula el Plan de Conservación y Gestión del Lobo (Decreto 14/2016), haya provocado un vacío normativo en la materia, al tiempo que ha apuntado la posibilidad de recurrir dicho fallo.

La sentencia conocida la pasada semana y que estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico anula, tal y como ha precisado el consejero, dos trámites de los cuatro alegados por el colectivo, concretamente uno de carácter económico y otro que afecta a una sesión de la Comisión Técnica celebrada en 2013 sin el contenido y formalización adecuados, a juicio del tribunal.

Ante ello, Suárez-Quiñones, en declaraciones recogidas por Europa Press, advierte de que la voluntad de su departamento es adecuarse a los criterios establecidos por el TSJCyL, aunque no los comparta, si bien tampoco descarta que los servicios jurídicos decidan finalmente recurrir la sentencia.

En cualquier caso, el titular de Fomento y Medio Ambiente sí califica de "llamativo" que algunos se alegren de que haya podido quedar el lobo sin cobertura normativa o caído en un vacío legal, cuestión que se apresura a descartar categóricamente.

"Se equivocan quienes así lo creen, pues habrá respuesta normativa en cada escenario que se plantee para una adecuada gestión y conservación del lobo", algo que, como así añade el consejero, ha venido demostrando la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a través de una política que ha contribuido a que hoy en Castilla y León la población de esta especie se sitúe en cerca de dos mil ejemplares, "cuando hace veinte años no había más de cuatrocientos", y de forma paralela su expansión pueda compaginarse con los intereses agroganaderos.