El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha declarado el incendio ocurrido el pasado 3 de noviembre en la Factoría Ibérica de Multiplicación Aviar (Iberavi) en la localidad leonesa de Alija del Infantado como como 'situación de especial y extraordinaria trascendencia y urgente actuación'.

La decisión busca "facilitar a la empresa la reconstrucción y puesta en funcionamiento de la factoría, la recuperación de la capacidad productiva y el mantenimiento del empleo" en esta planta perteneciente al Grupo Oblanca.

El fuego destruyó completamente la incubadora, por lo que es necesario construir de nuevo la planta para recuperar su actividad. El hecho de afectar a la incubadora, proceso clave en el ciclo de producción desde la puesta al sacrificio, ha puesto en peligro todas las demás actividades del proceso de las empresas del grupo, por lo que han tenido que recurrir a contratar incubadoras externas en Portugal, Lérida, Galicia y en Burgos y a la compra de pollitos de un día para suministrar a sus granjas concertadas.

En conjunto, las empresas del grupo Oblanca totalizan compras de materias primas y servicios en Castilla y León por un importe superior a los 21 millones de euros anuales, y proporcionan 350 empleos directos y 267 indirectos con dedicación cien por cien a la actividad.

De todos ellos, 21 empleos directos corresponden a la incubadora calcinada. El pasado 9 de noviembre la empresa presentó ante la autoridad laboral competente expediente de regulación de empleo de suspensión por causa de fuerza mayor que afecta a 18 trabajadores.

De esta forma, el Consejo de Gobierno ha aprobado poner en marcha medidas que fomenten la recuperación de la capacidad productiva y el mantenimiento del empleo y agilizar los permisos, autorizaciones y demás actuaciones precisas para la reconstrucción y puesta en funcionamiento de la nueva factoría de Iberavi.

Entre las destinadas al fomento de la recuperación de la capacidad productiva y el mantenimiento del empleo, en las convocatorias de subvenciones para proyectos de inversión en la industria agroalimentaria, las bases reguladoras establecerán que puedan obtener una ayuda a fondo perdido aquellas empresas que acrediten su afección por un expediente de regulación de empleo suspensivo por fuerza mayor constatado por la autoridad laboral competente. La ayuda guardará en todo caso una relación de proporcionalidad con el número de trabajadores que se reincorporen a sus puestos de trabajo una vez finalizado el periodo suspensivo

En cuanto a las medidas que la Junta de Castilla y León pondrá en marcha para la simplificación y agilización de los permisos, autorizaciones y demás actuaciones, declarará como prioritarias, y se tramitarán con carácter urgente, todas las actuaciones competencia de la Administración autonómica necesarias para levantar la factoría, por lo que los plazos legalmente establecidos para su tramitación quedan reducidos a la mitad, de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable.

En todo caso, la duración de los procedimientos para la obtención de los permisos y autorizaciones necesarios para la iniciación de la reconstrucción y puesta en funcionamiento de Iberavi no excederán en su conjunto de tres meses, y en el supuesto de que determinadas actuaciones o procedimientos sean competencia de otras administraciones públicas, la Junta de Castilla y León arbitrará los mecanismos de coordinación que sean necesarios con el fin de agilizar su tramitación.