En esta tediosa negociación de un nuevo Gobierno para España ha aparecido la tan llevada y traída condonación de la deuda que tiene Cataluña con el Estado español.
El caso es que los independentistas acuñaron la frase “España nos roba” y resulta que es la Comunidad Autónoma que más dinero recibe de las arcas del Estado. Un tópico más de los que existen en nuestro país.
Por supuesto, no solo vía endeudamiento ha recibido más dinero sino también a partir de las múltiples transferencias de competencias que se han realizado, y en pago de los favores políticos que todos los gobiernos han dado a los nacionalistas a lo largo de la historia reciente.
El apoyo que los nacionalistas catalanes han dado a los respectivos gobiernos de España a lo largo de toda la democracia es la historia del chantaje permanente.
LOS SIETE DE JUNTS
Y ahora hemos llegado al cénit de esta situación. Los siete de Junts se han convertido en imprescindibles para la investidura de Sánchez y han abierto un barra libre de peticiones para dar su voto.
Esta condonación de deuda que asciende a un 20% de la total que tiene Cataluña con España y que son nada más y nada menos que 77.000 millones de euros son el aperitivo de lo que viene. Se trata de 15.000 millones más 1.300 de intereses. Al mismo tiempo, se han transferido las competencias en materia de trenes de cercanías. Una competencia que hace un par de meses la ministra del ramo entendía que era imposible realizar por el perjuicio a la red de trenes nacional, internacional y de mercancías. Anteayer el ministro Bolaños no pensaba lo mismo y aseguraba que era óptima para lograr el eficaz funcionamiento de los trenes.
Todo esto, insisto en ello, es solo lo que se ve, detrás hay siempre mucho más. Defienden ahora desde el PSOE que el resto de Comunidades Autónomas también van a recibir la condonación de su deuda. Pues muy bien, haberlo dicho y concedido en el mismo documento. Era muy sencillo referir que se aplicaba la condonación del 20% de la deuda de cada Comunidad Autónoma.
LA IGUALDAD DE TODOS LOS ESPAÑOLES
Se apela en muchas ocasiones al necesario equilibrio de las balanzas fiscales de cada una de las Comunidades. Se argumenta que la de Cataluña es deficitaria porque aporta más al erario que lo que recibe y que otras Autonomías como Castilla y León o Extremadura reciben más.
Este concepto es erróneo y ha sido construido por el independentismo, como tantos otros en beneficio propio. La Constitución proclama en su artículo 2 el principio de solidaridad y la garantía de que todos los españoles tenemos los mismos derechos vivamos dónde vivamos: los derechos de un español que vive en Barcelona son exactamente los mismos que los del que vive en Cuéllar (Segovia) o en Puertollano (Ciudad Real). No existen los derechos de los territorios, hay derechos de los españoles.
El Gobierno de España es uno de los que mantiene la deuda de Estado más alta entre los países de la UE. Estamos en el 113% de nuestro PIB y hemos jugado con el hecho de que Europa ha permitido que la deuda se incrementara sin limite para hacer frente a la recuperación económica tras la pandemia.
NECESIDADES DE PAÍS
Pero esto ya se acaba y en el 2024 volverá el límite del déficit público que el Estado tiene que asumir. España no puede seguir gastando de manera desproporcionada en todo lo que se le ocurra.
La condonación de la deuda a Cataluña va en detrimento de la caja común, perjudica a otras autonomías que han sido más austeras en sus gastos.
Con 16.300 millones de euros se pueden hacer muchas cosas: en Valladolid se podrían soterrar varias veces las vías del tren que atraviesan la ciudad y son un lastre para su desarrollo. Se podría construir la alta velocidad por la que vienen clamando los extremeños desde hace tiempo. Se podrían poner en marcha una estrategia para combatir la despoblación en el medio rural. Un Plan integral para resolver este grave problema necesitaría 6.500 millones de euros anuales durante 5 años.
Se podría poner en marcha un buen Plan para apoyar la conciliación de la vida laboral y familiar y fomentar la natalidad con medidas de apoyo decididas y contundentes. Solucionando así unos de los problemas más graves que tiene España y que son las tasas de fecundidad más bajas del mundo.
La verdad es que 16.300 millones de euros dan para mucho. Para lo que no parece de recibo que deberían de dar es para sufragar el dispendio de la Administración catalana, que viene gastando de manera permanente en todo el doble o el triple de lo que gastan otras autonomías. Por poner solo un ejemplo, gasta en su parlamento autonómico, que es el más caro de todos, 2,5 veces más de lo que gasta el de Castilla y León.
EL DESPILFARRO EN EL GASTO
El defensor del Pueblo catalán tiene un sueldo de 130.000 euros, un 55% más que el presidente del Gobierno, y cuenta con 22 asesores con sueldos que no bajan de 92.000 euros anuales. Su presupuesto total es de 6,3 millones de euros, el defensor del Pueblo de Castilla y León funciona con un tercio de esto.
Esto no tiene ningún sentido, todos los españoles sufragamos el dispendio de la Generalitat de Cataluña, venimos haciéndolo desde 1978 y en esta ocasión no les ha quedado más remedio que decírnoslo a la cara porque los nacionalistas tienen que presumir ante su electorado de los logros alcanzados. Habiendo perdido votos tanto Junts como ERC, que aproximadamente llegan a unos escasos 800.000 votos, deciden sobre los 35 millones de votos emitidos en nuestro país el pasado 28 de julio.
No se puede hablar de democracia cuando son unos pocos los que fijan condiciones draconianas que son aceptadas sin rechistar por un partido que debería de defender los intereses de la mayoría de los españoles, y que ha recibido el apoyo de casi ocho millones de votantes, y que podría pactar para el interés general del país con el otro partido que ha sido apoyado mayoritariamente y que ha contado con más de ocho millones de votos. Ambos representan el 64% de los apoyos recibidos.
De verdad que esto no hay quien lo entienda, salvo que pienses que, todo está abonado por el egocentrismo o narcisismo de una persona.
