La Constitución española reconoce en su artículo 20 como un derecho fundamental el acceso a la información veraz y habilita a los medios de comunicación para ofrecerla sin poder ser sometida a ningún tipo de censura o condicionante.

El acceso a la información es lo que garantiza una opinión publica plural que pueda formarse un juicio sobre los acontecimientos sociales, adquirir sensibilidad sobre los problemas que afectan a la sociedad, en cuestiones tan importantes como el conocimiento y acercamiento al mundo de la discapacidad, por ejemplo.

La libertad de expresión y el derecho a tener información son por estos motivos derechos fundamentales y así están reconocidos en nuestra Carta Magna, con una protección especial de los mismos.

Los medios de comunicación

Siempre he pensado que la labor de los medios de comunicación es trascendental. El acceso a una información contrastada, que permita conocer todos los fundamentos de cualquier decisión política, de cualquier acontecimiento que se produce en la vida requiere un trabajo informativo profesional. Debe ser realizado por periodistas, que analizando desde todos los puntos de vista cualquier cuestión permita a los ciudadanos verla desde todos los ángulos.

Hace tiempo que me llevo preguntando cuales son los criterios que se siguen para seleccionar los acontecimientos sobre los que recibimos información, por decirlo de alguna manera, los que aparecen en las portadas o cabeceras de los distintos medios de comunicación.

Hay muchas ocasiones en las que hechos puntuales que no parecen tener mayor relevancia social ocupan minutos, a veces incluso horas y días en los espacios informativos.

Escenario político complejo

Esto en un momento como el actual, en el que nuestro país tras las elecciones del 23J, esta en uno de los escenarios más complejos que hemos tenido para conformar un Gobierno, tiene especial trascendencia. Es cierto, que estamos en agosto y que nuestro país en este mes está de VACACIONES.

Pero aun siendo esto así, el pasado 17 de agosto se constituyeron las Cortes Generales, ya pudimos ver como se votaba a la Presidenta y Presidente de Congreso y Senado y se conformaban las Mesas de ambas Cámaras. También pudimos escuchar como primera concesión a los nacionalistas que la Presidenta del Congreso se comprometía a declarar oficiales las lenguas gallega, catalana y vasca ya su utilización en el Congreso. Solo esta concesión podría haber dado para informar largo y tendido a los españoles durante este mes.

Posteriormente se han creado los grupos parlamentarios en el Congreso y han cedido diputados tanto el PSOE como SUMAR a ERC y a JUNTS para que estos dos últimos pudieran tener grupo propio cada uno de ellos. Esta decisión que jurídicamente es más que cuestionable ya que se ha hecho una interpretación ad hoc del Reglamento del Congreso para poderla llevar a cabo. Tiene además un alto coste para el bolsillo de los españoles ya que supone el acceso a asignaciones económicas que sino hubieran tenido grupo, como les correspondía, no hubieran tenido.

Tenemos indicios de que JUNTS esta exigiendo al PSOE para apoyar la investidura de Sánchez, cuando toque, condiciones que conllevan costes económicos muy elevados como la condonación de la deuda catalana con el Estado español que asciende a más de 72.000 millones de euros. Para hacernos una idea este es el presupuesto de la Junta de Castilla y León para siete años. La aceptación de esta exigencia supone restar recursos al resto del país, a las demás Comunidades Autónomas, en favor de Cataluña. Otro tanto sucede con el País Vasco, y su famoso “cupo” que supone también un coste económico desproporcionado para las arcas del Estado y que PNV y BILDU también exigirán elevar.

Además, exigencias como la Amnistía para los condenados por la declaración de independencia que se desarrollo en Cataluña en 2017 con Puigdemont como Presidente. Esto supondría que en materia judicial tendríamos dos Españas, vulnerando absolutamente la Constitución.

Información internacional

No solo la información nacional en este momento es muy importante para que los españoles puedan conformarse una opinión sobre lo que está sucediendo en previsión de los acontecimientos que puedan venir, incluida una hipotética nueva cita electoral, sino también acontecimientos internacionales de marcado interés. El pasado viernes 25 de agosto, entraba en vigor la nueva Ley de Servicios Digitales, con importantes repercusiones para las empresas tecnológicas del mundo. Nuevas normas sobre contenidos, privacidad de los usuarios y transparencia. Información por la que muchos ciudadanos si están interesados, porque afecta su vida diaria actualmente y a los medios de comunicación no parece interesarles mucho facilitarla.

Informaciones como el vertido que prepara Japón al Pacifico de las aguas radiactivas de la central de Fukushima y la afección al medio ambiente, que preocupa enormemente a la sociedad.

Sancho y Rubiales

Mientras todo esto sucede, los medios de comunicación llevan todo el mes hablando sobre el crimen que cometió Daniel Sancho en Tailandia. Me gustaría ver que hubiera sucedido sino se apellidara Sancho y también me pregunto qué alto interés tiene este suceso para haber consumido días de información permanente.

Y el caso Rubiales, que pudiendo ser relevante para la opinión pública, no me parece que lo sea tanto como la repercusión que tuvo el garrafal fallo de la Ley del si es si, que ha provocado que más de 1000 agresores sexuales, violadores, hayan visto reducidas sus condenas de cárcel y más de cien han sido excarcelados. Detrás de estos casos hay mas de 1.100 mujeres violadas. Todo esto sucedió durante diez meses de forma continuada sin que se corrigiera el error y no se escucharon tantas voces pidiendo la dimisión de Montero como en cinco días la de Rubiales.

La sociedad tiene un derecho fundamental a recibir información veraz y de CALIDAD, esta es la única forma de permitir que se forje una opinión y un pensamiento crítico sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. Solo con este tipo de información podremos conocer en profundidad la actuación de los poderes públicos y podremos hacer una valoración que nos permita conformar adecuadamente nuestra opción a la hora de emitir nuestro voto, que es en definitiva el momento en el que podemos aprobar o suspender las acciones políticas.