Revisando los programas electorales de la derecha en aspectos de Justicia, me apena observar cómo no se recoge una solución efectiva e integral del Poder Judicial en su doble vertiente de poder y administración.

Es cierto que VOX habla de reconstruir el modelo de cooptación de los miembros del CGPJ, remitiéndose al antiguo modo, pero sin introducir variables de elección democrática entre los operadores y se olvida del Constitucional; mientras que el PP sí hace referencia al TC, pero olvida el CGPJ.

Se limitan a hacer referencia a la Fiscalía General del Estado, pero no abordan una reforma integral que dote de auténtica autonomía profesional a la carrera fiscal.

No se abordan los problemas de la gestión administrativa de la Justicia, ni de las dotaciones de recursos procesales y económicos que impidan la indefensión y faciliten una gestión más ágil y colaborativa entre los operadores jurídicos.

Pese a las movilizaciones de este tiempo, no observo que ningún partido afronte las medidas que los sectores han reclamado con aumentos de sueldos, redistribución de funciones, ampliación de plantillas, respeto a todos los operadores, redefinición de las figuras operativas y blindaje de la Justicia ante las injerencias externas. Del problema de los profesionales del derecho, abogados y procuradores, con la conciliación de la vida laboral, respeto de la administración, dignificación de sus jubilaciones y defensa de los derechos de quienes defienden a los ciudadanos, ni mención en NINGÚN programa político.

Nadie habla de ampliar el número de jueces, ni de dotarles de medios que les permitan cumplir su obligación, de exigir la dedicación exclusivísima, para poder hacerlo de forma solvente y ágil, con rotaciones periódicas en sus destinos, de forma que no se puedan generar adherencias insanas, de garantizarles la independencia y la tranquilidad precisa para desarrollar su función.

Nadie habla de fortalecer la figura del juez instructor y hacer del Ministerio Fiscal una parte independiente del poder que sólo actuará en defensa de la legalidad y del menor, que no sea un acusador sistemático, sino un simple garante de la legalidad que defienda la misma sin interferencias, ansias o indicaciones.

Nadie habla de hacer de la Justicia un modelo de acceso gratuito o, mejor dicho, asumido por todos, como la sanidad, en el que el ciudadano tenga la opción de cursar por el modelo de defensa privado o por el público organizado con la dotación de letrados defensores únicamente contratados para dicha actividad, ni de la aplicación de un IVA cero en las actuaciones procesales por ser la tutela judicial efectiva un Derecho Fundamental, ni de dotar de facultades a los letrados para exigir y obtener el respeto de la administración de justicia y la defensa enérgica de sus derechos sociales y económicos, como cualquier otro ciudadano.

Nadie aborda una reforma de la administración de justicia como una administración conexa entre los distintos órganos jurisdiccionales, así como con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Hacienda Pública y la Seguridad Social, en la que la digitalización no suponga la pérdida del control documental del Juzgado, ni la implantación de modelos técnicos e informáticos sin la debida enseñanza y contraste de funcionamiento, que no se desarrollen fórmulas de deshumanización de la gestión y administración judicial o despersonalización del expediente judicial, sean definidas las profesiones y modos de actuar ante la administración de justicia modernizando las mismas y sus relaciones… etc.

Podremos actuar desde distintas visiones o planteamientos, pero que no puede seguir dejando al margen la reforma del Poder y de la Administración de Justicia como garante de los derechos de todos los ciudadanos, pues es el último modelo de control al poder que permite denominar a nuestro Estado de democrático, pues hoy ni lo es plenamente en el presente, ni es de derecho que se encuentra secuestrado, ni es social más que en el nombre.

Apena que en unas elecciones generales tan importantes como estas no sea más que un detalle en las últimas páginas de los programas electorales demostrando el interés que despierta en los políticos y lo mucho que gustan de prostituirla, pero lo realmente preocupante es que ni Colegios profesionales, ni organizaciones sindicales, ni asociaciones profesionales, se esfuercen en intervenir en las elecciones para poner sobre la mesa el problema de la Justicia.