Ahora, esa izquierda zarrapastrosa y radical que se anexionó al PSOE y los está podemizando, se empeña en crear lo que ha denominado Ley de Memoria Democrática que se articula para salvaguardar los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales en el período comprendido entre el 18 de julio de 1936 y la Constitución de 1978.

Declara ilegal todo el período del régimen de Franco y se permite afirmar que "como consecuencia de las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos, fue sustituído con la proclamación de un Estado Social y Democrático" y, a la par, poner en cuestión y limitar los efectos de la Ley 46/1977 de Amnistía.

Amigos míos, la memoria es algo propio de cada ciudadano y del modo de conservar lo vivido, pudiendo ser real o ficticio lo vivido. La historia es una disciplina de las ciencias sociales que estudia y relata los acontecimientos pasados de la humanidad, las narraciones de los hechos y sucesos verdaderos o ficticios, para presentar un relato lo más cercano a la realidad posible.

Generar una norma que establece lo que es verdadero, ficticio, cierto o no y lo qué debe de ser evaluado y cómo, y qué no, es una aberración in terminis y prueba de que la voluntad torcida de la norma es mentir, manipular interesadamente los hechos, es la afirmación normativa, no declarativa, de que la democracia fue traída por los movimientos sociales en lucha. Eso es falso. Esos movimientos no existieron, los defensores del cambio estaban dentro del régimen, los que deseaban pasar página y comenzaron las inclinaciones eran parte del régimen y se acercaron despacio, con sigilo, prudencia y firmeza a la democracia, para lo que fue preciso el tacto, valentía, sensatez y bizarría de la izquierda.

La transición a la democracia fue posible por la conjunción de voluntades entre los miembros del régimen y la izquierda solvente y seria, el apoyo y determinación de un Rey y la confluencia de los intereses internacionales y de Estados Unidos, no de movimientos sociales en lucha que nunca existió.

Se establecen como víctimas los fallecidos o desaparecidos por la Guerra, en lo que podría dar cabida a los asesinatos de ambos bandos, que los hubo, les garantizo que unos mataban y los otros también; pero, sorprende que, posteriormente, se identifica como víctimas a las guerrillas antifranquistas, entre las que podríamos incluir la ETA en el período anterior a la Constitución, como si estos no matasen, no causasen dolor y fuesen muy democráticos.

Así mismo, se consideran víctimas las lenguas de las comunidades autónomas que fueron perseguidas, haciéndose eco de la farsa irreal generada por algunos de que el catalán estaba perseguido o que el gallego no se hablaba en las aldeas. El que no fuesen idiomas reconocidos no empece a que el pueblo, incluidos los guardias civiles residentes en la zona, no usasen el catalán o el gallego.

Del redactado de la norma, pareciere que los desaparecidos serán objeto de búsqueda; si bien, del sesgo de la misma, esa búsqueda será exclusivamente de las fosas de uno de los bandos, las fosas, los fusilamientos, las checas no serán ni investigadas, ni buscadas, generando víctimas de primera y segunda categoría.

Se crea un Centro Documental de la memoria histórica que firmará convenios para que los documentos que tengan las comunidades cedan virtualmente los mismos y con ello afirmar que se unifica el archivo que previamente se ha desmembrado, del que se han perdido y/o entregado a terceros no reconocidos, ni propietarios, archivos que nunca más volverán; es decir, primero rompemos la botella, luego la diseminamos y, ahora, virtualmente, la intentaremos reconstruir sin parte de los pedazos ya perdidos o destruidos... todo un logro.

El archivo de Salamanca, así como todos los archivos, debe de contar con los documentos originales, unificar la historia, su material y documentos en un único lugar al servicio de los ciudadanos y, sobre todo, de sus estudiosos. Lo que se está haciendo es romper la historia, manipularla y generar una memoria distorsionada de la realidad que reescriba la brutal y nefasta realidad de una república criminal que fue repudiada por Unamuno y la salvaje y cruel victoria de un régimen totalitario, igualmente denostado por el maestro.

El que apoya esta norma no quiere la democracia, ni la verdad, busca reescribir un período de nuestra historia para, como hizo el régimen anterior, hacer santos y diablos, cambiando ahora a los unos y los otros, cuando todos fueron señores y truhanes, según el caso, y sin ideología.