Una vez más, la marquesa de Galapagar se salió con la suya y el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Salud Sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, y tal como ocurrió con la ley trans y la ley del 'solo sí es sí', y gracias a la participación en su elaboración de cinco ministerios (Sanidad, Educacion, Igualdad y Seguridad Social, Hacienda y Justicia), y de las asociaciones feministas, e ignorando, a todas las asociaciones provida, el resultado final fue un engendro jurídico de difícil digestión para quienes tienen que aplicar la Ley y vigilar su correcta aplicación.

Como en los anteriores proyectos pilotados por la ignorancia jurídica de la ministra de Igualdad, el proyecto obvió el informe del CGPJ, a quien se presentó el texto el 24 de julio y a quien se denegó la prórroga solicitada por el órgano de gobierno de los jueces, y a sus mismas se obvió el informe del Consejo Fiscal, que ocupado en el nombramiento del sustituto de doña Lola, también necesitaba más tiempo. Esperemos, y es mucho esperar, que en el trámite parlamentario se mejore sensiblemente el texto jurídico.

Pero si grave es el procedimiento seguido hasta el momento, más grave es el fondo, es decir, el contenido de la ley, en la que se establece como un derecho de la mujer el derecho a abortar. En un país en el que está suprimida la pena de muerte desde la aprobación de la Constitución, algo que comparto, pero que el dar una colleja a un hijo puede llevar al padre de la criatura al banquillo, y en el que la Ley de Bienestar Animal establece una serie de derechos (de los animales) y de obligaciones (de sus propietarios), muchos de ellos absolutamente absurdos. Bien está perseguir el maltrato animal, pero negar el derecho a nacer al concebido, teniendo en cuenta que el derecho a la vida es el primero de los derechos humanos es difícilmente comprensible, claro que, como afirmó en su día la ministra Aido, "el feto es un ser vivo pero no es una persona humana". Y el problema es que este es el nivel de nuestro Gobierno.

La ley establece la obligatoriedad de que todos los centros asistenciales pertenecientes a la red pública tienen que poder este supuesto derecho de las mujeres, y la necesidad de que los médicos que se declaren objetores queden inscritos en un registro del que a saber la utilización que del mismo haría un Gobierno Frankenstein.

No hace falta recordar que a los médicos se nos forma para salvar vidas y no para acabar con la vida, como recoge acertadamente el Juramento Hipocrático, y a los ginecólogos cuya misión es precisamente la de proteger el bienestar del feto y de la madre y procurar que ambos salgan con bien del proceso del parto, se nos trate de transformar en verdugos. Por supuesto que tampoco se ha consultado con los Colegios de Médicos ni los Comités de Bioética.

El nuevo texto legal incluye sobre todo dos variaciones sobre el texto actualmente en vigor: el que las menores de edad puedan abortar libremente sin autorización ni conocimiento de sus padres y suprime al mismo tiempo los tres días de reflexión y la información sobre las posibilidades que tiene la mujer sobre la continuidad del embarazo antes de decir la práctica del feticidio. Paradójicamente facilita todo tipo de propaganda a favor del aborto y penaliza cualquier información que quiera hacerse a aquellas embarazadas que estén dudosas sobre la continuidad de su embarazo.

Y de relleno, la supina ignorancia jurídica de la ministra y de sus asesoras, preconiza la baja laboral de las mujeres con dismenorrea intensa, (algo que ya contempla la legislación laboral), la obligatoriedad de la educación sexual, de la que soy partidario si los padres de los alumnos estén conformes con la orientación de la misma, y obliga a montar un mercadillo de anticonceptivos, compresas, tampones y copas menstruales en cárceles, colegios y centros asistenciales.

Érika Montañés e Isabel Vega en un artículo muy completo sobre este tema, resumen en 8 las claves de proyecto: el establecimiento de una red pública que garantice el supuesto ejercicio del derecho al aborto, el registro de sanitarios objetores, la administración gratuita de la píldora del día siguiente, la baja laboral por reglas dolorosas, la educación sexual obligatoria en todas las etapas de la enseñanza, el permiso retribuido en la semana 39 de embarazo, la administración gratuita de anticonceptivos, y la desaparición de cualquier rastro en el historial clínico de la paciente.

Por supuesto las asociaciones médicas cuestionan la confección del registro de objetores, y la Conferencia Episcopal a través de su Secretario, Portavoz y arzobispo de Valladolid, que está doctor en derecho afirma categóricamente que "el aborto no es un derecho", algo que por supuesto comparto.

Esperemos que el actual texto remitido a las Cortes sea sensiblemente mejorado en su discusión parlamentaria.

Hasta la semana que viene.