El Consejo del Diálogo Social de Castilla y León se reúne mañana, después de que la cita inicial fuera aplazada por el contagio de coronavirus del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

La reunión llega precedida por la polémica tras el anuncio del consejero de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, Mariano Veganzones (Vox), de que reducirá en 20 millones de euros las subvenciones del gobierno regional a patronal y sindicatos.

A mayores, el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), ha echado gasolina al fuego avisando de que él también se sentará a la mesa, una pretensión que el portavoz del PSOE en las Cortes regionales, Luis Tudanca, ha resumido de manera gráfica: “Es meter al zorro a cuidar de las gallinas”.

El Art. 4 de la ley 8/2008, de creación del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León, establece quiénes componen el Consejo: “El presidente del mismo, que será el presidente de la Junta de Castilla y León y, como vocales, el titular de la consejería competente en materia de ejecución de la legislación laboral, y un representante, con el máximo rango, de cada una de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Castilla y León”.

O sea, la presencia del vicepresidente no se contempla en la norma, salvo que lo haga en calidad de asesor, que es una posibilidad que ofrece el Art. 4.3 del reglamento que regula el funcionamiento del Consejo del Diálogo Social.

Sin embargo, para complicar aún más el asunto, Francisco Igea, único procurador de Ciudadanos en las Cortes regionales, declaraba el jueves que en la legislatura anterior él acudía como número dos del Gobierno autonómico a las reuniones del Consejo del Diálogo Social.

Si lo que Igea dice es cierto, García-Gallardo tendrá el mismo derecho a estar presente en la reunión de mañana en calidad de vicepresidente. Queda claro de paso que las administraciones públicas se saltan la normativa a capricho, como parece que sucede con las reuniones del Consejo del Diálogo Social, a las que asiste quien les parece a conveniencia.

Si se preguntara a Juan Vicente Herrera (PP) de qué se siente más orgulloso durante los veinte años que estuvo al frente de la Junta de Castilla y León, probablemente diría que de la manera en que se ha gestionado el diálogo social en la comunidad autónoma.

De hecho, el dialogo social se ha convertido en una seña de identidad de Castilla y León. Un modo de hacer que luego han seguido otras comunidades autónomas, como Navarra o La Rioja.

La fórmula es simple y ha funcionado aceptablemente hasta el presente. Se crea un órgano específico, el Consejo del Diálogo Social, en el cual estén representados la propia administración pública y los principales agentes económicos y sociales (patronal y sindicatos). Y en dicho órgano todas las partes tratan de llegar a acuerdos, por ejemplo, sobre subidas salariales, fondos para planes formativos para trabajadores, disposiciones laborales, etc. De este modo, se evita la conflictividad social, las huelgas y manifestaciones, tan perjudiciales para el sector productivo y para la ciudadanía en general.

El objetivo principal del diálogo social es tratar de evitar conflictos entre empresas y trabajadores. Los sindicatos agrarios se han quejado con vehemencia porque, dada su naturaleza, ha sido excluidos de este órgano de decisión. Por otra parte, sindicatos como CSIF, mayoritario en el sector público, reclama a su vez un puesto en el Consejo.

Algunos dirigentes agrarios, soliviantados por el agravio de la exclusión, han subrayado las debilidades del sistema promovido por Juan Vicente Herrera. La Junta lleva regando durante años con “golosas subvenciones” tanto a la patronal (CEOE CyL) como a los sindicatos de clase (UGT, CCOO), convirtiéndolos en sindicalistas y dirigentes empresariales “de moqueta”.

Así pues, a su entender, las “golosas subvenciones” han sido la clave del éxito del diálogo social en Castilla y León, las que han convertido a patronal y sindicatos en “condescendientes con el poder” y en “comparsa en los actos oficiales”.

Esto es, justamente, lo que denuncia Vox a través de Mariano Veganzones, ese consejero singular que en un plato de macarrones con tomate ve un aquelarre de comunistas. Curiosamente, Veganzones ha desarrollado su actividad en el Consejo Económico y Social de CyL y ha estado en contacto estrecho tanto con CEOE CyL como con los sindicatos de clase. Se escuda precisamente en esa experiencia personal para criticar el exceso y la frivolidad en la distribución de las subvenciones por parte de la Junta.

El problema de Castilla y León, y de España en general, es la debilidad de la sociedad civil. En realidad, la sociedad civil no existe en nuestro país. Aquí nadie se mueve si detrás no hay una subvención pública. El dinero público es el motor de la actividad.

El diálogo social en Castilla y León se ha sustentado en esa premisa: si no podemos contar con la sociedad civil, que es ciega, sorda y abúlica, creemos un órgano desde arriba y tengamos contentos a sindicatos y patronal para que no rechisten.

Aunque no deja de ser una componenda, lo paradójico es que ese tinglado tripartito ha funcionado. Puede que haya habido excesos en la concesión de subvenciones a los actores del diálogo social y es probable que este dinero haya contribuido a que tanto patronal como sindicatos se doten de estructuras sobredimensionadas. Al fin y al cabo, este es otro de los grandes males de la administración pública en España, un sector público poco eficaz y de dimensiones elefantiásicas.

En cualquier caso, todo aquello que contribuya a evitar conflictos es beneficioso. El Consejo del Diálogo Social parece un buen instrumento. Pulir disfunciones e introducir las mejoras que resulten necesarias es el reto de quienes se sienten a la mesa en la polémica reunión de mañana.