La multinacional Cerealto Siro Foods, brillante ejemplo antaño del empuje de la economía de Castilla y León, atraviesa hoy una situación delicada. El incremento del precio de las materias primas, acentuado tras la pandemia de coronavirus y agudizado con la guerra de Ucrania, una producción orientada en gran medida a marcas blancas, la competencia de otras empresas del sector y la evolución de los gustos de los consumidores han puesto a la galletera palentina contra las cuerdas.

Grupo Siro tuvo su origen en la empresa palentina Galletas Siro, que en su día fue adquirida por Danone. En 1991 pasó a manos de Juan Manuel González Serna, actual presidente, verdadero artífice del espectacular crecimiento del grupo en los años siguientes, quien lo catapultó a los primeros puestos del sector agroalimentario español.

Hitos importantes en su vertiginoso proceso de crecimiento y expansión fueron la compra de marcas míticas de galletas, como la zamorana Pastas Reglero en 2002, o la adquisición de fábricas de otras marcas también muy conocidas, como Galletas Fontaneda o Cuétara. En sus mejores momentos llegó a tener hasta 15 factorías repartidas por toda España.

El grupo se embarcó también en un proceso de diversificación e internacionalización, con la apertura de centros de producción en México, Reino Unido, Portugal e Italia. En 2008 creó además un avanzado centro de investigación y desarrollo en materia agroalimentaria en la localidad segoviana de El Espinar.

Deuda importante

Grupo Siro arrastraba ya en los últimos años una deuda importante, derivada de los malos resultados económicos, con unas pérdidas, por ejemplo, de 31 millones de euros en 2018, y de 25 millones en 2019. El declive se hizo patente en 2020. A fin de lograr liquidez, la compañía emprendió un proceso de desinversiones, que redujo su producción en España a las plantas que posee en Castilla y León.

Pero tales ventas de activos resultaron insuficientes. Lastrada por los malos resultados, se vio obligada a pedir un préstamo de 320 millones de euros a diversas entidades bancarias: Banco Santander, CaixaBank, Sabadell y la entidad financiera holandesa Rabobank.

Se trazó un plan de viabilidad a cinco años, hasta 2025, para tratar de superar el bache. Pero las previsiones no salieron como se habían dibujado sobre el papel, y a finales de 2021 la compañía informó de que no podía hacer frente a la devolución de los préstamos.

La solución a corto plazo pasaba por la búsqueda de algún socio inversor que inyectara liquidez. Dos fondos internacionales de inversión, Davidson Kempner y Afendis Capital Management, se interesaron por la propuesta.

Dichos fondos acordaron con el presidente de Cerealto Siro, Juan Manuel González Serna, adquirir el 75% del capital de la empresa por 80 millones de euros, además de estar dispuestos, al parecer, a poner sobre la mesa otros 100 millones para garantizar a la compañía liquidez suficiente y afrontar las inversiones necesarias para garantizar el futuro.

Plan de competitividad

Pero imponían también estrictas condiciones, en concreto, que los trabajadores aceptaran un plan de competitividad que contemplaba reducción de salarios y traslados forzosos entre las tres sedes de producción que la compañía posee en Castilla y León: Aguilar de Campoo, Venta de Baños y Toro. Si no se aceptaba dicho plan, los dos fondos de inversión darían marcha atrás a la operación. La fecha límite para tomar la decisión venció el pasado 31 de mayo.

El comité de empresa de la planta de Aguilar de Campoo aceptó las condiciones. No así los de las plantas de Venta de Baños y Toro, de manera que la operación financiera para reflotar la empresa se fue al traste. Y, en consecuencia, Cerealto Siro anunciaba el pasado viernes que echaba el cierre a su planta de Venta de Baños y dejaba en el aire el futuro de las plantas de Toro y Aguilar de Campoo. Una decisión que puede suponer el despido de 1.700 trabajadores.

Tras el fracaso de la operación, llega la polémica. Los partidos políticos   empiezan a echarse culpas unos a otros. El PSOE, a la Junta de Castilla y León, gobernada por PP y Vox; y estos, al Ministerio de Industria, gobernado por el PSOE. O sea, lo de siempre.

Los comités de empresa tienen gran responsabilidad en lo sucedido, con su negativa a aceptar el plan de viabilidad propuesto. Argumentan que los trabajadores no son culpables de las malas decisiones empresariales adoptadas por la propiedad y los directivos de la compañía en los últimos años. Y es cierto.

Sin embargo, cualquier decisión entraña riesgos y nadie tiene el éxito garantizado. Así, nada de eso se esgrimió cuando, en tiempos pasados, esas mismas decisiones empresariales condujeron a Grupo Siro a convertirse en un ejemplo de éxito empresarial. Los trabajadores también se beneficiaron de aquellas decisiones, no sólo en el número de puestos de trabajo creados por la compañía, también en las condiciones laborales del conjunto de la plantilla.

Los nuevos empleados han ido llegando a la empresa con peores condiciones que las que disfrutan los más antiguos. Nadie quiere perder, pero la disyuntiva era renunciar a algo o la nada. Y algunos han optado por la nada.

Tras el fracaso de la entrada de inversores en la compañía, la solución que se anhela es la intervención de las instituciones públicas. Ya sabemos en qué consisten esos planes milagrosos, en poner paladas de millones del dinero de todos sobre la mesa. Dinero que en la gran mayoría de casos es pan para hoy y hambre para mañana, porque no resuelve el problema de fondo, tal como hemos visto muchas veces con otras muchas empresas en crisis, que acaban cerrando al cabo de unos años.

A Grupo Siro la galleta se le está haciendo bola. Su apuesta decidida por la marca blanca, que en tiempos pasados le brindó grandes resultados (Gonzalez Serna insiste en que debe ser la línea a seguir), la deja ahora demasiado expuesta, en un contexto además de subida generalizada del precio de las materias primas, particularmente de los cereales. Un escenario que se agravará en los próximos meses con los problemas de escasez de cereal que está originando la guerra de Ucrania, el cierre de los grandes mercados ruso e indio y el cambio climático en general.

Consejerías de Vox

El riesgo de producir marcas blancas es que pone a la empresa en manos de unos pocos clientes y hace casi imposible que los incrementos de precio en las materias primas y el proceso de producción se trasladen al producto.

A mayores, está también el saber adaptarse a los gustos cambiantes de los consumidores, que no solo se fijan en el precio, sino que demandan cada vez más productos agroalimentarios saludables y diferenciados.

La casualidad ha querido que la crisis de Grupo Siro afecte a dos de las tres consejerías de la Junta regentadas por Vox: Empleo e Industria y Agricultura y Ganadería. Será la primera prueba de fuego de calado para los tecnócratas de Santiago Abascal en Castilla y León.

Por si acaso, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha preferido tomar las riendas y ha convocado una reunión entre los comités de empresa de Siro y los alcaldes de los tres municipios afectados.

La propuesta de Juan Manuel González Serna parecía sensata sobre el papel y no demandaba ayudas públicas, pero precisaba de algunos sacrificios a los que algunos se han negado. La solución se deja ahora en manos de la política, de modo que la bola de la galleta amenaza con el atragantamiento. Ojalá nos equivoquemos.