Realmente esta semana lo tenía difícil, pues desde la invasión de Ucrania por las tropas rusas hasta las movidas de la cúpula del PP, pasando por la permanente inoperancia del dúo Puente-Saravia en la gestión de la cosa municipal o los movimientos de Mañueco para formar gobierno en Castilla y León, había mucho donde elegir, pero he preferido un tema doméstico en el más auténtico sentido de la expresión, del que apenas se habla en los medios a pesar de afectar a decenas de miles de personas. Y a riesgo de que me tachen de machista hablaré de "empleadoras y empleadas" al ser mayoría afectadas por el tema.

Creo no descubrir las Américas si comienzo afirmando que el servicio doméstico se movía tradicionalmente dentro de la economía sumergida. Habitualmente se establecía un acuerdo verbal entre el contratante, (habitualmente una "ama de casa"), y el contratado, (por entonces muchas veces una joven venida del pueblo a trabajar a la capital ), y por supuesto en el acuerdo no se recogían ni vacaciones ni pagas extraordinarias. A cambio, la empleada lo era casi siempre en régimen de internado, es decir, tenia garantizada cama y comida por la contratante, e incluso vacaciones compartidas con la familia.., aunque por supuesto seguía trabajando en este período.

A partir del año 12 del presente siglo, se regularizó la integración de las empleadas del servicio doméstico en el régimen general de la seguridad social, suprimiendo el antiguo régimen especial al que se acogían los contratos, cuando existían. Ello supuso un evidente avance social para las trabajadoras, pero fue el origen de los múltiples problemas que estamos viviendo en nuestros días, por mucho que los medios de comunicación se empeñen en ignorarlos, hasta que el ABC del pasado 28 de febrero publicó un trabajo de S. Acelay y T. Sánchez Vicente, en el que bajo el título de "La nómina de las empleadas de hogar escala a 1.500 euros con la afiliación en caída libre".

Y es que entre la pérdida de 180.000 puestos de trabajo que el Banco de España anunció que había provocado la subida en un 22% del SMI en 2019, uno de los sectores más afectados por el mismo fue precisamente el del servicio doméstico o de empleadas del hogar. Y a ello han contribuido las dos partes más directamente afectadas por la subida: de un lado, las empleadoras que veían sensiblemente elevado el coste de su empleada de hogar, al incrementar la nómina de las empleadas y añadir el coste que había que aportar a la Administración en concepto de cuota patronal, además de las vacaciones. De otro lado, las propias empleadas del hogar en múltiples ocasiones preferían permanecer en el antiguo régimen de contratación verbal, sin papeles ni registros que en múltiples ocasiones son incompatibles con las ayudas sociales que muchas de ellas perciben de las distintas administraciones. Lo de "si me tengo que dar de alta, no me interesa", es una respuesta frecuente cuando se ofrece este tipo de trabajo. Ello ha supuesto, por mucho que la ministra de Trabajo, sin aportar documento alguno, se empeñe en negarlo, la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo, y en paralelo el crecimiento de las empresas que se dedican a este tipo de servicios al asumir ellas todas las gestiones que conlleva la contratación.

A partir de su inclusión en el régimen general, el número de trabajadoras alcanzó el maximo en 2015 llegando a 428.600, para empezar a caer de forma ininterrumpida hasta las 381.485 de diciembre del pasado año y sigue bajando, según fuentes de la propia seguridad social, y ello sin contar aquellos casos en los que se ha rebajado el número de horas del contrato para seguir pagando lo mismo. Y es que desde que gobierna SuperSanchez, el SMI ha subido un 35%, que es mucho más de lo que han subido los sueldos y las pensiones. Y ahora, ante la nueva subida del SMI es previsible una nueva caída en la contratación de estas trabajadoras, cuando las contratantes tengan que pagar 1166,66€ brutos a la empleada y 308,99 € de la cuota patronal a la seguridad social por un contrato de trabajo de 40 horas semanales. Carolina Elias Espinosa, presidenta de la Asociación del Servicio Doméstico ha asegurado que " El Gobierno ha dejado atrás a medio millón de trabajadoras domésticas", asegurando que hay 400.000 empleadas dadas de alta y más de 150.000 en la economía sumergida.

Por si todo lo anterior os parece poco, desde hace unos meses el gobierno de Su Sanchidad, a través del ministerio de la Seguridad Social se ha dirigido a los empleadores de hogar mediante una pregunta trampa, para que regularicen el salario de la empleada del hogar con arreglo al nuevo SMI, siendo la primera vez en la que se les hace este requerimiento. A continuación el ministerio calcula la diferencia entre lo que han cotizado en los últimos cuatro ejercicios respecto a lo que tenían que haber actualizado en las diferentes subidas del SMI y les pasa una liquidación por la diferencia con un recargo del 20%. Ciertamente el desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento, pero teniendo en cuenta que no se trata de empresas de mayor o menor tamaño sino de empleadoras no profesionales, no hubiera sido más correcto que con ocasión de cada subida el ministerio recordara a las empleadoras la obligación de esta actualización salarial, como hace con la declaración de la renta o cada vez que nos suben las pensiones aunque luego se queden con la mitad de la subida? Parece que sí, pero la voracidad recaudatoria de este gobierno, y muy particularmente la de Farruquita Montero al frente de la hacienda pública es insaciable, y eso que se cansó de repetir aquello de "este gobierno no subirá los impuestos a la clase media y trabajadora"... pues menos mal.

Y por si esto fuera poco, el IPC superará el 7%, y la factura de la luz y de los combustibles siguen batiendo récords. Claro que ahora podremos echar la culpa a Putin...

En fin, que vamos de mal en peor. Hasta el viernes que viene.