En estos días, se está procediendo al linchamiento mediático de los magistrados de la Audiencia Provincial de Navarra por la Sentencia de “la manada”, en la que se condena, a los varones, por delitos de abusos sexuales a 9 años de prisión, con una pena máxima de 10 años, y no por violación, que supondría una pena máxima de 15 años. Señalar, en este punto, que la violación, en nuestro código penal, tiene la misma pena que el homicidio –entre 10 y 15 años- Es decir, estamos ante hechos gravísimos con penas gravísimas que, por tanto, deben de tener una consideración atemperada de las pruebas, de los hechos enjuiciados y de los datos que se aportan en la vista del Juicio Oral y de los términos jurídicos que, por más que con apariencia coloquial, tienen condicionantes, valor y sentidos diferentes y requieren de la mesura, estudio y sosiego precisos para su enjuiciamiento, así como un respeto exquisito para con la víctima y su sufrimiento.

En esa balanza se mueven los Magistrados de la Audiencia Provincial de Navarra y, reconociendo su valentía a la hora de dictar Sentencia, contra la presión mediática y de los lobbies “feminazis” que, antes de haber podido leer la Sentencia, comprobar sus explicaciones y valorarla debidamente, ya estaban en la puerta impidiendo la salida de los magistrados y pretendiendo agredir al Letrado defensor, no me queda más remedio que discrepar de la misma y considerar, en mi humilde entender, que han errado en sus interpretaciones  y en la redacción que han dado a la misma.

Estoy cansado de comprobar cómo determinadas Sentencias se dictan, en uno u otro sentido, en función de quiénes sean las partes, sus letrados o los intereses que en las mismas se puedan tener, como estoy cansado del trato displicente, maleducado y soberbio que se concede a las partes, o sus profesionales, por parte de algunos Magistrados, de ver cómo se actúa de forma diferente en función del nivel social del encausado, cómo se adelantan resoluciones por teléfono y/o se toman decisiones sin valorar las consecuencias de estas o a la ligera, como para, ahora, dedicarme a defender a los Magistrados de la Audiencia de Navarra; pero, sí quiero, deseo y espero equilibrio en las decisiones judiciales, cuando las criticamos hemos de hacerlo desde el rigor de haberlas leído, interpretado, digerido y realizada la digestión, por más que con dolor o ardor de estómago, como en el presente, reprobarla con datos y con criterio.

Las reacciones histriónicas o histéricas de las víctimas no sólo son comprensibles, entendibles y aceptables, sino algo humano que debemos de respetar; pero, el uso malicioso, retorcido y dirigido por ponzoñosas voluntades que pretenden doblegar, por medio de la fuerza, las voluntades de los Jueces, me tendrá siempre en contra.

La Ley debe de ser igual para todos, su aplicación sosegada y tranquila, así como exenta de toda intervención espuria, venga de donde venga, y criticar, discrepar y recurrir sin piedad las decisiones de los jueces, que deben de darse cuenta de que no son más que simples mortales que se equivocan, tanto o más que los demás, y que, antes de decidir, deben medir, sopesar, valorar y calcular hasta la última de sus expresiones, respetando en todo momento a los intervinientes, dejándoles actuar, con educación, y resolver sin animadversiones, resentimientos o prejuicios. Para ello, debemos de implementar cada vez más recursos económicos a la Justicia y recursos procesales que sirvan para revisar una y otra vez las Sentencias y no contemplarlos como un mal necesario y evitable en todo caso, sino como algo necesario.

Resulta necesaria una revisión rigurosa, estudiada y solvente de nuestro Código Penal y de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, que equilibre los tipos penales, las penas y su aplicación sobre la base de los principios democráticos, pero no cambios a golpe de caso, sin sentido, sin criterio y con un único sentimiento: el rédito político.