La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, durante una vista a un centro de Fundación Personas

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, durante una vista a un centro de Fundación Personas R. Cacho ICAL

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Los trabajadores de Fundación Personas entregarán a la Junta firmas para exigir mejoras “urgentes” en salarios y seguridad

Los comités de empresa trasladarán el lunes a Isabel Blanco sus quejas tras el XVI Convenio, que califican de “terrible”, y alertan de agresiones y “carga psicológica constante” en los centros.

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Los comités de empresa de Fundación Personas en Castilla y León formalizarán este lunes la entrega de una recogida de firmas a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, dirigida a la consejera Isabel Blanco, con el objetivo de trasladar “de forma directa” las preocupaciones de la plantilla y reclamar medidas urgentes.

La iniciativa llega, según los representantes de los trabajadores, en un momento “crítico” tras la aprobación del XVI Convenio Colectivo, un acuerdo que consideran “terrible” porque, aseguran, no incorpora mejoras reales para el sector. En su comunicado, denuncian que las retribuciones son “extremadamente bajas” y sitúan a Castilla y León “entre los peores escenarios salariales” del país.

Los comités también apuntan a la financiación pública. En concreto, señalan que el BOCyL del 27 de febrero de 2025 aprobó una subida del 9% en la subvención a Fundación Personas con efectos desde el 9 de enero, pero sostienen que esa mejora no llegó a la plantilla hasta mayo y se tradujo, añaden, en “apenas 12 euros brutos” por acudir a trabajar en situaciones de urgencia o en domingos. Además, indican que esa medida no se ha mantenido en 2026.

Junto al apartado económico, los trabajadores pondrán el foco en lo que describen como un entorno laboral cada vez más duro. Los profesionales, advierten, afrontan agresiones físicas y una “carga psicológica constante” que afecta a su salud “en todas las provincias”. A su juicio, esa precariedad repercute de forma inevitable en la calidad del servicio y en la atención que reciben las personas con discapacidad atendidas por la Fundación en la comunidad.

“No solo no podemos seguir yendo a trabajar bajo presión, sino que lo hacemos bajo unas condiciones económicas indignas. Somos uno de los sectores peor remunerados de España y la Administración no puede seguir ignorando esta precariedad que afecta directamente a la atención de los usuarios”, señalan desde los comités.

Con la entrega de firmas, la plantilla reclama que la Junta actúe para garantizar un entorno laboral “digno, seguro y justamente retribuido”, con el argumento de que la mejora de las condiciones de trabajo es también una forma de proteger el bienestar de las personas atendidas, “uno de los colectivos más vulnerables”, concluyen.