El maná de millones que Bruselas ha puesto en marcha para acometer las reformas necesarias para que las empresas puedan salir a flote tras el golpe económico de la pandemia, llegan pero con un exceso de burocracia y una complejidad en las normas que atascan las convocatorias. 

Una de las partidas de estos Fondos Next Generation está destinada a digitalizar a pymes y autónomos, el conocido como 'kit digital'. Un objetivo para el cual el Gobierno central destinó un importe de 3.067 millones de euros para toda España, si bien inicialmente se habló de 4.000 millones.

A Castilla y León los fondos ya han llegado, pero la realidad es que la complejidad de la norma y el hecho de que la cuestión financiera se cargue sobre las cuentas de los llamados agentes digitalizadores, está desluciendo estas subvenciones.

Se trata de bonos digitales para pymes, autónomos y micropymes que hasta el próximo 15 de marzo pueden solicitar estas ayudas para crear un entorno web de su negocio, pasar de la facturación en papel a la electrónica o entrar en el comercio digital, entre otras posibilidades.

La estructura diseñada en este asunto por el Gobierno central está generando más apatía que dinamismo entre los beneficiarios de estas ayudas. Fernando Pérez, vicepresidente de Aetical (Federación de Asociaciones de Empresas de Tecnología) y miembro de la Comisión de Sociedad Digital de la CEOE, explica a EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León cómo ya ha visto "pasar a tres directores generales de Red.es, que es la plataforma que gestiona este kit digital", lo cual da cuenta de cómo se ha ido gestionando este asunto.

En un principio el Gobierno decidió que "fueran personas desempleadas las que, después de hacer un cursillo, se encargaran de hacer las consultorías a las empresas para organizar cómo y qué empresas debían recibir esas subvenciones". Algo que se descartó porque "era un error tremendo dado que estas personas no sabían ni cómo funcionaba una empresa".

Finalmente, se decidió que los beneficiarios de estos importes respondieran a un cuestionario de doce preguntas, "una encuesta muy corta", para definir dos perfiles: el de agente digitalizador, que es el encargado de implantar las soluciones; y el del agente voluntario que es quien se encarga de pedir esas ayudas.

"Lo que ocurrió entonces es que hubo mucha gente que no tenía las competencias necesarias que se exigían para inscribirse como agente digitalizador, para lo cual había que aportar facturas que demostraran que ya eras profesional de esto", explica Pérez.

La realidad es que, finalmente, "hay un maremágnum de agentes digitalizadores que no sabemos cómo han podido aportar esas facturas, pero que se están beneficiando de este programa", añade. En total, hay cerca de 400 empresas o autónomos que son agentes digitalizadores certificados en Castilla y León.

Para serlo era necesario "tener una facturación mínima de 100.000 euros", pero finalmente este requisito se rebajó hasta los 75.000 euros. "Al final, se ha conseguido que se haya certificado como agente digitalizador cualquiera".

Las empresas que se hayan convertido en agentes digitalizadores tienen, además, que adelantar el IVA de la operación. Esto y el hecho de que el kit digital "no esté diseñado de forma ágil, está llevando a muchos a abandonar esta labor, por lo que se está perdiendo una oportunidad muy importante", lamenta el vicepresidente de Aetical.

Errores en la configuración de las ayudas

El objetivo principal de la última convocatoria está destinada al desarrollo de servicios nuevos para la microempresa, autónomo o pyme, de entre 10 a 50 trabajadores. La pregunta salta de forma inmediata: "¿Cuántas empresas hoy en día creen que con esa plantilla no tienen página web?", se pregunta Pérez. "Todas esas empresas, todas, tienen software de gestión", asegura.

Es precisamente la redacción y el enfoque de este kit digital lo que el vicepresidente de Aetical considera que no cumple con "las necesidades reales de las empresas, por lo que mucha gente que lo ha solicitado, cuando han visto lo que es, no lo quieren", indica.

De hecho, el plazo que la Administración daba para la utilización de este bono digital fue en un principio de seis meses, "y como no se han gastado, han tenido que aumentar el plazo sí o sí", explica Pérez.

El plazo de utilización del bono digital fue en un principio de seis meses, pero la falta de solicitudes obligó al Ejecutivo a aumentar el plazo ante el escaso éxito de algunas convocatorias.

Un bono digital que puede ser de hasta 12.000 euros y que habrán de destinar a implementar este tipo de soluciones en sus negocios, pero que nunca recibirán en metálico. Es la empresa beneficiaria la que firma un acuerdo con el agente digitalizador y "es éste quien tiene que adelantar el IVA de la factura", explica Pérez.

Sin embargo, cobrar el trabajo para estos agentes digitalizadores, no está siendo tan sencillo. "Si la Administración, a través de Red.es, dice que aunque ya hayas hecho tu trabajo y hayas dejado implantada esa solución a esa pyme, no está bien justificada, no cobras".

Esta situación está obligando a estos agentes digitalizadores a exigir que "o se paga por adelantado, o no lo hacen. En la mayoría de las ocasiones se está tardando hasta año y medio en cobrar". 

De hecho, incluso cuando la Administración considera que el trabajo está correctamente desempeñado, "el agente cobra sólo el 70% y dejan para el año siguiente el 30% restante de sus honorarios, hasta comprobar que esa pyme o autónomo sigue utilizando ese servicio".

Una situación "abusiva dado que aunque hayas hecho bien tu trabajo, puedes quedarte sin cobrar una parte si por lo que sea ese autónomo o pyme quiebra y deja de usarlo", denuncia el vicepresidente de Aetical.

Dudas acerca de su efectividad

La pregunta es: ¿se está entonces transformando digitalmente las empresas con estos fondos europeos? La respuesta de Fernando Pérez es contundente: "No. Ni ha profundizado en lo que necesita la empresa ni de este modo va a poder ser más competitiva".

Otro aspecto a tener en cuenta y que dificulta el objetivo para el que han sido diseñadas estas ayudas, es el hecho de que el hardware necesario para que estas empresas o autónomos se digitalicen "no entra en el bono", por lo que son costes que han de asumir las empresas y muchas o no pueden hacerlo en este momento o el trabajo del día a día no les permite pararse a ocuparse de este asunto.

Otro de los 'agujeros' que tiene el kit digital es el relacionado con la implantación de sistemas de seguridad. "La ciberseguridad es fundamental en cualquier empresa, pero algunos creen que ya se arregla todo poniendo un antivirus, y esto es un error", explica. Un asunto sobre el que estas ayudas también incluyen que las pymes o autónomos accedan a estas herramientas, "pero sin profundizar en el problema real", concluye.

Para Pérez el problema principal radica en que "no se ha hecho la labor previa de saber primero qué necesitan las empresas antes de lanzarse a legislar". Ahora ya es tarde: las solicitudes deberán cumplirse en tiempo y forma.