La Junta de Castilla y León ha publicado este lunes también las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a financiar al personal de fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, que presten el apoyo a los trabajadores con discapacidad de empresas del mercado ordinario de trabajo.

Los destinatarios finales de estas subvenciones son personas con discapacidad que, por su tipología y grado, necesitan apoyo de profesionales de entidades especializadas para su inserción laboral o para su desarrollo en la vida laboral y mantener sin dificultades su puesto de trabajo.

Este programa tiene por objeto la financiación de los costes laborales y de Seguridad Social de los profesionales vinculados mediante contrato laboral con la entidad beneficiaria que presten el apoyo a los trabajadores con discapacidad contratadas por empresas del mercado ordinario de trabajo.

Los beneficiarios de las subvenciones son las asociaciones, fundaciones u otras entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en Castilla y León, y que tengan como objeto social, entre otros, la inserción laboral o la creación de empleo a favor de personas con discapacidad. Del mismo modo, estas entidades tienen que contar en su plantilla con profesionales especializados en los programas de empleo con apoyo a trabajadores con discapacidad. Y, por último, deben de acreditar su experiencia en el desarrollo de programas de integración laboral de personas con discapacidad.

Los destinatarios finales de esta ayuda que pone en marcha el departamento que dirige Mariano Veganzones, son las personas con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, y los trabajadores que tienen una discapacidad física o sensorial con un grado reconocido igual o superior al 65%, así como las personas sordas o con discapacidad auditiva con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%.

Centros Especiales de Empleo 

La Consejería de Industria Comercio y Empleo apoya firmemente la labor que desempeñan los Centros Especiales de Empleo en materia de inserción sociolaboral de personas con discapacidad, lo que se pone de manifiesto en el abanico de medidas destinadas a fomentar su mantenimiento y creación.

En la actualidad, en Castilla y León están calificados en el Registro de Centros Especiales de Empleo un total de 257 entidades con 343 centros de trabajo que dan trabajo a 6.035 personas con discapacidad.

La contratación de personas con discapacidad ha recuperado su vitalidad previa a la pandemia, continuando su crecimiento en 2022, con un 22% de contrataciones más que en 2021. En la región, la contratación de personas con discapacidad alcanzó su máximo histórico entre enero y julio de este año, con 3.939 contratos, un 11% más que en 2021.

Con estos datos y con el compromiso que existe desde el departamento de Economía Social dirigido por Mariano Veganzones, se publican hoy las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a los centros especiales de empleo para complementar los costes salariales de trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad.

Esta nueva línea es un complemento del programa que se publicó el pasado 3 de marzo dirigido a financiación de costes salariales de trabajadores con discapacidad en Centros Especiales de Empleo. Hasta la fecha, este programa ha recibido 315 solicitudes, por eso, la Consejería, ha tramitado el aumentado el crédito en 6,5 millones de euros y así poder atender correctamente las solicitudes presentadas.

Continuando con el apoyo a los Centros Especiales de Empleo, la Consejería también tiene previsto aumentar el crédito a 1.991.660 euros, de la subvención destinada a financiar los de las unidades de apoyo a la actividad profesional en estos centros.

Por último, para completar el programa de apoyo a la labor que realizan los Centros Especiales de Empleo, el pasado 21 de junio, la Dirección General de Economía Social y Autónomos, tramitó una ampliación de crédito de 575.000 euros para financiar parcialmente la inversión fija en proyectos de interés social. Dichos proyectos tienen que ser viables técnica, económica y financieramente y suponer la creación de empleo estable para trabajadores con discapacidad.