Dos trabajadores retiran placas de uralita con amianto en el tejado de una nave. ICAL Archivo
Reclaman ayudas "bien financiadas" para eliminar el amianto de naves agrícolas y ganaderas antes de 2028
Asaja exige una "planificación seria" y aseguran que "dos de cada tres solicitudes podrían quedar una vez más sin apoyo".
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El calendario avanza y Castilla y León "difícilmente" podrá haber eliminado todo el amianto de los centros de trabajo antes de 2028, según fija la normativa. Así lo ha advertido Asaja, que reclama una "planificación seria y bien financiada" de las ayudas a la retirada de las cubiertas en naves agrícolas y ganaderas después de "varias convocatorias insuficientes".
En estos días en que se conocen las resoluciones de las solicitudes de las ayudas de la última convocatoria de 2026, la organización agraria ha avanzado que "todo parece indicar que serán desechadas por falta de presupuesto la mayoría de las presentadas, entre ellas muchas de agricultores y ganaderos".
La uralita, según han explicado, fue un material común en las cubiertas de las explotaciones, hasta que fue prohibido cuando se confirmó que era dañino para la salud.
Tal y como han asegurado, han recabado información que les hace entrever que "al menos dos de cada tres solicitudes podrían quedar una vez más sin apoyo".
Además, han denunciado que se da la circunstancia de que el posible beneficiario "puede tener la inversión hecha previamente, puesto que se admiten las sustituciones de cubierta realizadas del 19 de agosto de 2025 al 30 de junio de 2026".
"Es decir, estos casos quedarán sin ayuda y sin posibilidad de pedirla en futuras convocatorias", han precisado. Para Asaja, "no es un problema puntual, sino recurrente desde que se inició esta línea de ayudas, que suma con esta ya cinco convocatorias".
"En todas ha habido problemas por falta de presupuesto y de planificación", han criticado. El presupuesto, tanto para 2025 como para 2026, de tres millones de euros, hace que se puedan atender "unas 160 solicitudes", por lo que, a este ritmo, "no podrá cumplirse la normativa".
De hecho, han recordado que hace unos meses la propia Consejería de Industria, Comercio y Empleo, de la que depende el área de Prevención Laboral, "anunciaba que se estaba elaborando un censo de instalaciones y emplazamientos que contienen amianto".
El objetivo era apoyar a los municipios de menos de 5.000 habitantes en el cumplimiento de la normativa dentro de los plazos y "priorizando por el grado de peligrosidad". Sin embargo, Asaja ha añadido que sería "importante aportar transparencia sobre este asunto".
"Y no como hasta ahora, que parece que estamos dando palos de ciego, cumplimentando solicitudes y asumiendo toda la inversión en la mayoría de los casos, cuando parece que de partida ya habíamos sido excluidos", han zanjado.
