La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez durante una rueda de prensa.
Es oficial: si llevas más de 5 años de alquiler, puedes exigir al propietario que te reduzca la fianza al renovar en 2026
Un piso de 70 metros cuadrados en Castilla y León ronda entre los 630 y 700 euros de media, por lo que estos pequeños cambios legales pueden aliviar un poco la situación económica de los arrendatarios.
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Vivir de alquiler cada vez es más caro y esto ha provocado que toda la atención se haya puesto en las condiciones que regulan los contratos entre los inquilinos y los propietarios. En Castilla y León, se calcula que hay unas 120.000 viviendas arrendadas, según los últimos datos.
El precio medio actual se sitúa entre los 9 y los 9,5 euros por metro cuadrado en la Comunidad. Esto hace que un piso de solo 70 m2 pueda costar entre 630 y 700 euros al mes.
Con estas cifras, en máximos en muchas ciudades no solo de Castilla y León, sino en toda España, ha provocado que las garantías que se exigen al firmar o renovar un alquiler se conviertan en un factor clave.
Por eso, en la Ley de Arrendamientos Urbanos se ha introducido una apreciación importante y que a la hora de la verdad son muchos los inquilinos que lo desconocen.
Tras cumplirse los primeros años de contrato, habitualmente a partir de los cinco, la fianza se puede revisar y no siempre al alza.
Es más, la normativa da la oportunidad al arrendatario de solicitar que se baje ese dinero si se renueva el contrato, ajustándolo a la renta que esté vigente.
Qué limites tiene la fianza
Según marca la legislación, la fianza obligatoria en los contratos de vivienda habitual tiene que equivaler a una mensualidad de renta.
El dinero actúa, de esta manera, como una garantía básica por posibles incumplimientos del contrato. A mayores, el casero puede exigir cuantías adicionales, pero con un límite que no puede superar dos mensualidades extras, desde que se reformó la norma en 2019.
De esta manera, el máximo habitual que se puede pedir para una fianza es de tres meses, uno correspondiente a la obligatoria y otros dos por las garantías adicionales.
El dinero, en cualquier caso, debe ser depositado por el propietario en el organismo autonómico pertinente, reforzando así la seguridad jurídica del sistema.
Al cumplir 5 años de contrato
Uno de los factores que menos se conocen de la ley es la limitación a la actualización de la fianza en los primeros años.
En contratos de vivienda habitual, la cantidad que se entrega inicialmente no puede ser modificada durante los primeros cinco años. Es más, si el arrendador es una persona jurídica, el plazo se extiende a los siete años.
El mecanismo protege al inquilino ante subidas automáticas que estén vinculadas al incremento del alquiler. Ahora bien, todo cambia al finalizar ese periodo inicial.
Cuando el contrato sea prorrogado, existe la posibilidad de revisar esta fianza. En este punto, el propietario puede pedir un aumento, pero el inquilino también puede exigir que se rebaje.
La ley permite ajustar la fianza para que sea igual a una o dos mensualidades de la renta actual. Esto implica que, si el alquiler ha variado o si inicialmente se entregaron garantías superiores, el inquilino tiene un margen para renegociar la cuantía.
Una herramienta legal que tiene especial relevancia en un contexto en el que los precios no paran de subir, haciendo que cualquier ajuste pueda aliviar la carga económica de las familias.
Y es que el debate se ha reavivado tras una incesante subida de los precios de alquiler, llevando a la sociedad a hablar sobre el equilibrio entre los derechos de los caseros y los de los inquilinos.
A la par que el Gobierno trata de paliar la situación con medidas como Casa 47, una gestora estatal destinada a impulsar el alquiler asequible, aunque aún en desarrollo, la normativa vigente introduce herramientas que pueden marcar la diferencia de las economías familiares.
Saber que la fianza puede ajustarse tras cinco años de contrato de alquiler ayuda a muchos inquilinos a renegociar unas mejores condiciones a su favor.
